El Catatumbo confirma la inseguridad persistente: liberan secuestrados pero la violencia alcanza a Santander
La liberación tardía de once personas evidencia el control de grupos armados ilegales y la falta de garantías en la región
NORTE DE SANTANDER — "Nos sentimos desprotegidos, la violencia se extiende y la sensación de miedo también llegó a Bucaramanga", asegura Luz Hernández, líder comunitaria del sector de Floridablanca, al referirse al aumento de secuestros reportados en el Catatumbo, zona rural de Norte de Santander donde el ELN mantiene presencia y control. Aunque recientemente se liberaron once personas secuestradas desde enero de este año, la comunidad metropolitana teme por la seguridad regional y exige mecanismos efectivos de protección que no lleguen solo con anuncios.
La liberación ocurrió luego de diez meses y dieciséis días de secuestro, periodo en el que el ELN mantuvo bajo su control a nueve hombres y dos mujeres residentes en los municipios de Tibú y El Tarra, territorios cercanos que afectan directamente la seguridad de todo Norte de Santander, incluyendo a Bucaramanga y su área metropolitana.
La comarca, con presencia permanente de grupos armados ilegales, ha visto un incremento alarmante de desapariciones y asesinatos, en especial contra firmantes del Acuerdo de Paz. Solo en la última semana, las autoridades locales registraron más de diez desapariciones en Tibú, atribuibles al ELN y disidencias de las FARC, según reportes de organismos humanitarios y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
La ARN además confirmó que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados en lo que va del 2025, mientras otros seis permanecen desaparecidos. El informe también señala que 223 firmantes se desplazaron de sus territorios y 19 continúan confinados por la violencia, hechos que agravan la crisis humanitaria y social en la región.
"La violencia no solo alberga miedo sino incertidumbre y frustración. Aquí en Bucaramanga sentimos que la violencia del Catatumbo repercute en nuestra tranquilidad. Exigimos acciones reales, no solo discursos vacíos"
— Luz Hernández, líder comunitaria en Floridablanca
Pese a la gravedad de la situación, las autoridades responsables no han presentado un plan integral y efectivo para garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables ni para desarticular el control territorial ilegal que persiste en zonas rurales del Catatumbo y que tiene impactos directos en Escolán, Piedecuesta y los municipios vecinos del área metropolitana.
El obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, afirma que las once personas liberadas llegaron en buen estado y se reunieron con sus familias, incluyendo a un excombatiente firmante de paz. Sin embargo, estas liberaciones, si bien positivas, son solo un episodio en medio de una crisis de seguridad que no evidencian el fin de un problema estructural.
Organizaciones humanitarias y veedurías independientes han denunciado la falta de presencia estatal y la insuficiente protección a la población civil, especialmente en áreas donde las rutas del secuestro y desaparición se han normalizado.
Soluciones desde la sociedad civil y expertos:
Expertos en seguridad y derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander proponen un modelo de intervención diferencial para la región, que incluya:
- Presencia policial comunitaria reforzada y permanente, con veedurías ciudadanas que garanticen transparencia y resultados.
- Programas de reconciliación y protección efectiva para firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades vulnerables, con seguimiento internacional.
- Articulación interinstitucional entre municipios de Norte de Santander y el área metropolitana para diseñar y ejecutar planes de seguridad conjunta, con recursos específicos y atención prioritaria.
La comunidad de Bucaramanga y sus municipios vecinos demandan una rendición de cuentas clara y concreta que vaya más allá de anuncios mediáticos y que garantice el derecho fundamental a la seguridad ciudadana.
Contexto adicional: Según reportes de la ARN y organismos humanitarios, la violencia y el secuestro en Norte de Santander han tenido un aumento sostenido en 2025, afectando directamente a las comunidades rurales y a los excombatientes, con impactos que trascienden al área metropolitana.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Floridablanca y Bucaramanga, veedurías ciudadanas, Universidad Industrial de Santander, Agencia para la Reincorporación y Normalización, organizaciones humanitarias y la Diócesis de Tibú.
