Doble atentado en Cúcuta: vecinos y expertos cuestionan la falta de seguridad y avances en diálogo con el ELN

Atentados en Cúcuta evidencian fracaso en política de seguridad y temor creciente en frontera

CÚCUTA — Carlos Mendoza, residente del barrio Anillo Vial, vive con temor desde el pasado domingo cuando dos policías fueron asesinados en su comuna por un ataque con explosivos. "Aquí el miedo no es solo por los atentados, sino por la inacción de las autoridades que prometen seguridad pero el ELN sigue libre y matando", denuncia mientras recuerda cómo afectó a su barrio la suspensión del servicio eléctrico y los daños al Anillo Vial Oriental.

El doble atentado ocurrido en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con El Zulia, donde murieron el intendente Franklin Guerrero y el subteniente Jairo Holguín tras la detonación de cargas explosivas, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad en la seguridad del departamento. Simultáneamente, el hostigamiento contra el CAI en Villa del Rosario dejó dos policías heridos y reforzó la sensación de inseguridad en el área metropolitana.

La Policía Metropolitana de Cúcuta atribuye estos ataques al ELN, cuyo accionar criminal mantiene una preocupante presencia en Norte de Santander. Sin embargo, para la ciudadanía, estas afirmaciones no se traducen en protección efectiva ni soluciones tangibles, generando escepticismo y frustración.

"Venimos denunciando desde hace años la creciente presencia del ELN y el abandono estatal. Ya no creemos en discursos oficiales que solo anuncian diálogos o perseguidos que nunca llegan", afirma Ana Gómez, líder comunal de Villa del Rosario.

— Ana Gómez, líder comunal Villa del Rosario

La reapertura y posterior estancamiento de los diálogos de paz con el ELN, suspendidos desde hace un año, ha generado incertidumbre. Mientras el presidente Petro llama a retomar las conversaciones, el deterioro de la seguridad en zonas fronterizas como Cúcuta sigue escalando, evidenciando un balance negativo entre intención política y realidad en el territorio.

Fiscalización y cifras inquietantes

Según datos de organismos independientes, el ELN mantiene control o influencia en más del 60% del territorio de Norte de Santander, y ha incrementado acciones violentas en corredores estratégicos. La Policía reporta una reducción en ataques en algunas zonas, pero organizaciones de derechos humanos y veedurías alertan sobre subregistro y falta de efectividad en la respuesta estatal.

Propuestas de expertos y experiencia internacional

Expertos en seguridad del Centro Regional de Estudios Estratégicos de la Universidad de Pamplona proponen un enfoque integral que combine estrategias de control territorial con programas de prevención social y diálogo comunitario, inspirado en modelos exitosos de ciudades colombianas y latinoamericanas:

• Fortalecimiento de fuerzas policiales con énfasis en inteligencia y desarticulación de estructuras criminales.
• Creación de mesas de diálogo abiertas con comunidades para prevenir reclutamiento forzado y fomentar reconciliación.
• Implementación de tecnologías de monitoreo participativo que involucren a habitantes, para mejorar la detección temprana de amenazas.

La Junta de Acción Comunal de Villa del Rosario exige a las autoridades locales y nacionales mecanismos claros de rendición de cuentas y avances concretos para superar la crisis de seguridad que afecta al área metropolitana y sus municipios vecinos.

¿Será posible que el gobierno y las autoridades cumplan con sus responsabilidades y den prioridad a la vida de los ciudadanos en la zona de frontera? Hasta ahora, la historia muestra que las promesas se quedan en palabras mientras el miedo crece y la violencia no cesa.

Contexto adicional: El ELN mantiene presencia activa en al menos 231 municipios del país, con fuerte influencia en Norte de Santander. Los diálogos de paz iniciados en 2022 en Caracas quedaron paralizados en 2025 tras recrudecimiento de acciones violentas. La seguridad en Cúcuta sigue siendo un desafío crítico sin soluciones claras.

Fuentes consultadas: Ciudadanos afectados, líderes comunales de Villa del Rosario y Anillo Vial, veedurías ciudadanas, expertos en seguridad Universidad de Pamplona, datos independientes de derechos humanos y organismos de control.