Doble atentado en Cúcuta evidencia fracaso de seguridad y deja a comunidad en zozobra

Recrudecen ataques en Cúcuta y Villa del Rosario mientras ciudadanos denuncian ausencia estatal y miedo generalizado

CÚCUTA — Familias de los policías asesinados y heridos tras los ataques con explosivos y armas en el área metropolitana viven en un dolor profundo y creciente incertidumbre. "No nos sentimos seguros ni siquiera en nuestras casas. Mis hijos temen salir a la calle", expresa Ana María Rojas, vecina de Villa del Rosario, una de las zonas afectadas por la violencia reciente.

El doble atentado en la vía Anillo Vial Oriental y el hostigamiento al CAI de Villa del Rosario evidencian la persistente inseguridad que sufren los bumangueses y cucuteños de la región, pese a las promesas reiteradas de protección estatal. En ambos hechos, dos policías murieron y dos resultaron heridos, mientras que la infraestructura vial y el servicio eléctrico también fueron afectados. Esto genera zozobra en los barrios aledaños, como El Zulia y sectores de Cúcuta.

La Policía Metropolitana atribuye los ataques al Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificándolos como "retribución premeditada" por acciones contra esa guerrilla. Sin embargo, esta explicación oficial omite abordar las fallas en las estrategias locales de seguridad y la protección insuficiente para los ciudadanos y los uniformados en esta zona del área metropolitana.

"Vivimos con miedo constante. No hay presencia policial efectiva y las promesas de seguridad son solo palabras vacías"

— Pedro Salazar, líder comunitario barrio La Floresta, Cúcuta

Desde el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro ha reiterado llamados a la guerrilla para reactivar diálogos de paz, pero en la práctica el conflicto armado continúa escalando en la frontera con Venezuela. Pese a los llamados oficiales, los habitantes sienten que la violencia llega sin control y las acciones gubernamentales no se traducen en seguridad real.

Concejales de oposición y expertos independientes cuestionan la falta de un plan integral de seguridad que contemple la complejidad del territorio y demandan mayor inversión en capacidades y tecnología para las fuerzas policiales, así como estrategias de prevención social que involucren a la comunidad.

Fiscalización y cifra: Según datos no oficiales, en el último año se ha reportado un aumento del 25% en ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander, con afectación directa al área metropolitana de Cúcuta. La ejecución presupuestal en seguridad para la región ha sido irregular y los planes anunciados con bombos y platillos en 2024 no muestran resultados visibles.

Propuestas desde expertos y otras ciudades

Académicos de la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad Industrial de Santander proponen un modelo de seguridad integral comunitaria que ha funcionado en ciudades con alto índice de violencia, como Medellín y Cali, basado en:

• Fortalecimiento de procesos de veeduría ciudadana para garantizar transparencia en inversión y operación policial
• Intervención social en barrios priorizados con programas de prevención desde la juventud y educación
• Implementación de tecnología avanzada de vigilancia con acceso comunitario para denunciar irregularidades y exigir respuestas rápidas

Las organizaciones sociales del área metropolitana reiteran su exigencia: "Queremos seguridad que realmente nos proteja, no más discursos políticos", repiten los vecinos afectados.

¿Será posible que las autoridades locales de Cúcuta y los gobiernos departamental y nacional cumplan finalmente con garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos? La comunidad exige claridad y resultados, no solo nuevos anuncios ni falsas promesas.

Contexto adicional: La violencia persistente en Cúcuta y el área metropolitana de Norte de Santander se inscribe en un conflicto que ha prolongado el impacto social y económico. A pesar de los llamados presidenciales a retomar diálogos con el ELN y los esfuerzos de seguridad, la región sigue siendo foco de hostilidades que golpean a la población civil y a las fuerzas del orden.

Fuentes consultadas: Vecinos afectados, líderes comunitarios, concejales de oposición, expertos independientes en seguridad, Policía Metropolitana de Cúcuta (versión oficial con escepticismo).