Doble atentado en Cúcuta evidencia falla en seguridad y genera temor en el área metropolitana de Santander

ATAQUES CON EXPLOSIVOS EN CÚCUTA REVELAN FRAGILIDAD EN SEGURIDAD FRONTERIZA Y AFECTAN A LA COMUNIDAD LOCAL

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER — José Ramírez, habitante del barrio La Parada en Villa del Rosario, relata con miedo cómo el sonido de la explosión y los disparos del reciente atentado policial alteraron la tranquilidad de su comunidad. "Llevamos años viviendo con miedo, ahora hasta la vía principal donde pasan mis hijos está dañada y sin electricidad. ¿Hasta cuándo seguiremos así?", cuestiona este residente que representa a cientos en el área metropolitana que sienten el abandono estatal.

El pasado domingo, un doble atentado en la vía Anillo Vial Oriental de Cúcuta y en el Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa del Rosario dejó un saldo de dos policías muertos y dos heridos. Estos hechos atribuidos por la Policía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) evidencian nuevamente la creciente inseguridad en Norte de Santander, región que conecta directamente con el área metropolitana de Bucaramanga y que lleva años soportando la violencia de grupos armados ilegales con impactos directos en las comunidades y la infraestructura local.

Las autoridades aseguran que estos ataques son retaliaciones por ofensivas recientes contra el ELN, una guerrilla con amplia presencia en la región y otros departamentos, pero no explican las fallas en la seguridad que permitieron el daño a la vía pública, el vehículo civil afectado y la suspensión del servicio eléctrico que mantuvo en zozobra a los habitantes por varias horas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reitera su llamado al diálogo con el ELN y su intención de retomar las negociaciones de paz, diálogo que lleva estancado desde hace más de un año tras la escalada de violencia en zonas fronterizas. Sin embargo, esto contrasta con el temor palpable en comunidades locales, que desde el Catatumbo hasta Villa del Rosario se sienten desprotegidas y abandonadas en medio del conflicto.

"Ya no confiamos en más llamadas a la paz mientras seguimos siendo los que vivimos el miedo y la inseguridad diaria. Queremos resultados concretos y protección real para nuestras familias"

— María Torres, líder comunitaria en Villa del Rosario

Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) advierten que la estrategia gubernamental actual carece de mecanismos efectivos de protección para las comunidades fronterizas y no incorpora una participación ciudadana activa para el monitoreo y control de las operaciones policiales y militares en la zona.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas en Santander demandan mayor transparencia en los informes y rendición de cuentas en el manejo de la seguridad regional. La ausencia de rutas claras para la participación comunitaria y la falta de medidas para mitigar el impacto en la población civil tras ataques como el ocurrido el fin de semana agravan la crisis humanitaria y la desconfianza hacia las instituciones.

Propuestas desde la sociedad civil y la academia

Desde la academia, el profesor Héctor Díaz, experto en conflictos armados de la UIS, plantea la implementación de mesas de diálogo entre comunidades locales, fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales para diseñar estrategias conjuntas de prevención y respuesta, tal como se ha hecho con éxito en la frontera entre Colombia y Ecuador.

• Establecer comités locales de seguridad con participación comunitaria activa.
• Implementar sistemas de alerta temprana con tecnología accesible para zonas fronterizas.
• Fortalecer la capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad y protocolos para proteger a la población civil.

La comunidad exige que estas propuestas no se queden en el discurso sino que se traduzcan en acciones concretas con plazos claros y mecanismos de control ciudadano para evitar que más vidas y la tranquilidad de municipios del área metropolitana como Villa del Rosario sigan en riesgo.

Contexto adicional: El ELN mantiene presencia en al menos 231 municipios del país, siendo Norte de Santander uno de sus bastiones más críticos. Los diálogos de paz con el Gobierno nacional están suspendidos desde el primer semestre de 2025 tras múltiples actos violentos. Las comunidades fronterizas reportan cada vez mayor inseguridad y deterioro en infraestructura y servicios.

Fuentes consultadas: Habitantes de Villa del Rosario y Cúcuta, líderes comunitarios, expertos en seguridad de la UIS, organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas en Santander, versión oficial de la Policía Metropolitana de Cúcuta.