Doble atentado en Cúcuta confirma inseguridad creciente: vecinos exigen protección y fin de la impunidad
Explosiones y ataques en Cúcuta revelan fragilidad estatal y miedo en la zona metropolitana
CÚCUTA/EL ZULIA — "No podemos salir tranquilos a la calle ni siquiera durante el día", comenta angustiada María Fernanda Gómez, habitante del municipio de El Zulia, tras el doble atentado que dejó dos policías muertos y dos heridos en Cúcuta. La detonación de explosivos en la vía Anillo Vial Oriental no solo cobró vidas, sino que afectó infraestructura vial y dejó varias horas sin energía eléctrica, generando temor en comunidades de la zona metropolitana.
Este atentado, junto con el hostigamiento simultáneo al CAI de Villa del Rosario, expone la persistente violencia en Norte de Santander, especialmente en la zona metropolitana de Cúcuta y municipios vecinos como El Zulia. La Policía atribuye estos hechos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que ha incrementado su presencia en el territorio y que ha sido protagonista de constantes ataques armados.
La Alcaldía y la Policía Metropolitana informaron que estas acciones son represalias directas a las ofensivas estatales, sin embargo, la comunidad critica que la respuesta estatal ha sido insuficiente para garantizar seguridad real. Vecinos denuncian que la sensación de inseguridad limita actividades cotidianas y afecta la economía local, particularmente de comerciantes y transportistas que temen transitar por las vías afectadas.
"Vivimos con miedo constante. Este no es solo un problema de unos pocos policías, es la seguridad de todo Cúcuta y su área metropolitana la que está en juego"
— Carlos Hernández, líder comunitario de El Zulia
Expertos en seguridad consultados por Voz Oriente advierten que la ausencia de una estrategia integral para enfrentar la insurgencia del ELN en la región ha permitido que estos ataques se repitan, afectando también a la población civil y la infraestructura pública. Jorge Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, señala que estas agresiones evidencian un fracaso en la política de seguridad del Estado en Norte de Santander.
Según cifras oficiales, el ELN mantiene influencia en al menos 231 municipios del país, con bastiones en Norte de Santander y Chocó, desafiante la autoridad estatal. A pesar de recientes llamados del presidente Gustavo Petro para reactivar diálogos de paz, los continuos actos violentos evidencian la débil capacidad de negociación y la falta de control territorial.
Soluciones desde la academia y sociedad civil
Expertos y líderes sociales proponen:
- Implementación de un modelo de seguridad comunitaria que integre a Juntas de Acción Comunal para vigilancia y alerta temprana.
- Fortalecimiento de presencia estatal con inteligencia y patrullajes coordinados entre Policía y Ejército, con evaluación independiente permanente.
- Reactivación sincera y con garantías de los diálogos de paz, con participación directa de comunidades afectadas y veedurías ciudadanas.
Estas propuestas han mostrado resultados en regiones similares como el Bajo Cauca antioqueño, donde la coordinación social y estatal ha reducido las acciones violentas en un 30% durante el último año.
La comunidad de Cúcuta y municipios vecinos alzó la voz para exigir mayor compromiso del Estado, con acciones concretas y transparencia en los resultados. Sin una estrategia clara y efectos visibles, el miedo y la violencia seguirán minando la vida urbana y social en el área metropolitana.
Contexto adicional: Los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN se suspendieron en el primer semestre del 2025 tras nuevas acciones violentas, mientras que la presencia guerrillera afecta la seguridad local desde hace años sin respuestas efectivas de las autoridades.
Fuentes consultadas: Habitantes afectados de El Zulia y Cúcuta, líderes comunitarios, expertos en seguridad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, veedurías ciudadanas, Policía Metropolitana de Cúcuta, comunicados oficiales.
