Disturbios en la Estación Norte de Bucaramanga: la crisis carcelaria estalla en las narices de la Alcaldía
El motín en la Estación Norte confirma lo que ya era insostenible: Bucaramanga mantiene a cientos de personas en condiciones infrahumanas. La quema de colchonetas es apenas el síntoma de un hacinamiento del 740 %, frente al cual la Alcaldía ha sido incapaz de actuar.

La noche de este lunes 25 de agosto la Estación Norte de Bucaramanga se convirtió en escenario de caos: privados de la libertad protagonizaron un motín, incendiaron colchonetas y desataron una emergencia que volvió a dejar al descubierto el colapso del sistema de detención transitoria en la ciudad.
Hacia las 8:40 p.m., los internos iniciaron disturbios en señal de protesta por lo que califican como condiciones indignas: hacinamiento superior al 700 %, incomunicación con sus familias y la prohibición de ingreso de encomiendas. Bomberos y Policía atendieron la emergencia, mientras familiares angustiados se agolpaban frente a la estación exigiendo información sobre sus seres queridos.
El defensor de derechos carcelarios Hernando Mantilla Medina explicó que la chispa habría sido la incomunicación impuesta a los internos en los últimos días. “Me informaron que desde hace cinco días no tenían forma de comunicarse con sus familias y que se les impidió recibir encomiendas. Eso llevó a que la tensión explotara con la quema de colchonetas. No está todo confirmado, pero hay bases para entender la desesperación de los privados de la libertad”, aseguró.
Los disturbios ocurren apenas semanas después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera hallazgos graves en las estaciones de Bucaramanga: hacinamiento crítico, baterías sanitarias colapsadas, ausencia de colchonetas y fallas eléctricas. En la Estación Norte, diseñada para 15 personas, hoy sobreviven más de 140.
Mientras la administración municipal guarda silencio frente a esta emergencia, las familias denuncian atropellos constantes y recuerdan que la ley es clara: nadie debería permanecer más de 36 horas en estos espacios. Sin embargo, hay internos que completan meses e incluso un año recluidos en condiciones que rayan en la tortura.
La Alcaldía de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito, responsables de gestionar recursos y soluciones estructurales como el Centro de Detención Transitoria, no han dado la cara. El silencio oficial contrasta con la crudeza de una crisis que se agrava y que hoy estalló en violencia.