Demandar el pico y placa para "defender al pueblo": la nueva jugada populista que no convence
Mientras miles de ciudadanos exigen orden y control vial, un grafito piedecuestano intenta tumbar el pico y placa metropolitano con argumentos endebles y desconectados de la realidad.
Una acción de tutela interpuesta por el grafitero Leonardo Silva Parada busca tumbar el pico y placa metropolitano en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, alegando supuestas violaciones a derechos fundamentales. Sin embargo, detrás de la demanda se evidencian argumentos frágiles, interpretaciones sesgadas y una intención más política que técnica, en contravía del interés colectivo y de los estudios que respaldan la medida.
En un intento más por convertir los juzgados en escenarios de activismo personal, el grafitero Leonardo Silva Parada presentó una acción de tutela para tumbar el pico y placa metropolitano que rige en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. ¿La razón? Según él, esta medida atenta contra los derechos fundamentales a la propiedad privada, la igualdad y la libre locomoción. Pero lo que no dijo es que su argumento se cae por su propio peso.
La tutela —admitida por el Tribunal Administrativo de Santander— se basa en supuestos efectos negativos sobre la economía familiar y local. Sin embargo, omite que el pico y placa no es un invento arbitrario, sino una política de gestión del tránsito adoptada por mandato judicial, respaldada por estudios técnicos del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), y que busca enfrentar el creciente caos vehicular, el transporte informal y el deterioro de la calidad del aire.
El “defensor del pueblo” con intereses personales
Resulta irónico que quien dice representar a “los agricultores y amas de casa” no haya mostrado ni un solo estudio serio que demuestre el impacto negativo de la medida, mientras que las autoridades sí cuentan con evidencia del beneficio colectivo. Silva Parada intenta revestir su posición personal con una supuesta preocupación por la ciudadanía, pero en el fondo parece más un movimiento político o mediático que una defensa genuina del interés público.
Aún más desconcertante resulta que utilice como argumento un estudio del propio AMB, entidad que precisamente apoya y coordina la implementación del pico y placa con todos los municipios. Interpretar ese documento a conveniencia, sacando conclusiones parciales, debilita aún más su postura.
Las cifras y la realidad lo contradicen
Desde la implementación total del pico y placa en 2025, se ha reportado una mejora significativa en la movilidad de varios corredores viales y una reducción de la presencia de transporte informal, especialmente en municipios como Girón y Floridablanca. Aunque la medida es incómoda —como toda regulación— su impacto positivo es innegable.
Además, la acción no busca una suspensión temporal, sino “tumbarla definitivamente”, dejando claro que no hay intención de mejorar la política pública sino eliminarla, aunque eso implique volver al caos anterior. Y eso es exactamente lo que resulta más preocupante: la intención de imponer una visión individual por encima del interés colectivo.
Una tutela sin sustento que desprestigia el uso legítimo del derecho
Aunque toda persona tiene derecho a acudir a la justicia, el uso abusivo de figuras como la tutela para fines políticos o personales solo debilita la institucionalidad.
En este caso, el argumento de que la medida “afecta la movilidad de los agricultores y amas de casa” suena más a eslogan populista que a fundamento jurídico.
El orden urbano exige sacrificios compartidos. El pico y placa metropolitano no es perfecto, pero es un paso necesario en la búsqueda de soluciones reales a problemas complejos. Intentar derribarlo sin ofrecer alternativas, sin rigor técnico y con discursos sentimentales, no solo es irresponsable: es una forma más de jugar con el malestar ciudadano para capitalizarlo políticamente.
