Demandan la nulidad del Acuerdo que permitiría privatizar las Empresas Públicas de Girón
El gobernador de Santander y un veedor ciudadano demandaron la privatización de las Empresas Públicas de Girón, alegando vicios de trámite y falta de consulta popular.
La polémica decisión del Concejo de Girón que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos fue demandada por el gobernador de Santander y un veedor ciudadano, quienes denuncian vicios de trámite y falta de consulta con la comunidad.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el veedor ciudadano Mauricio Gómez, interpusieron demandas de nulidad contra el Acuerdo 041 aprobado por el Concejo Municipal de Girón, el cual otorga facultades al alcalde Campo Elías Ramírez para avanzar en la privatización de las Empresas Públicas del municipio.
El Acuerdo fue aprobado por 14 concejales, con solo tres votos en contra, y autoriza la enajenación de acciones de la Sociedad de Servicios Públicos de Girón, reduciendo la participación del municipio al 49%. Para los demandantes, esta decisión vulnera principios fundamentales al haberse tomado sin consulta previa con la ciudadanía y sin el debido proceso.
Mauricio Gómez presentó además un derecho de petición ante la Gobernación, solicitando la revocatoria del Acuerdo, argumentando falta de socialización y violación al principio de reserva legal. También cuestionó la versión oficial sobre la composición accionaria, aclarando que Girón mantendría solo un 49%, mientras que otros dos municipios poseen el 1% cada uno.
Ante estas irregularidades, el gobernador Díaz solicitó un concepto jurídico a la oficina asesora del despacho y resolvió apoyar la nulidad, considerando que se afectó un bien colectivo sin respetar los canales de participación ciudadana.
Ahora, tanto el Concejo como la Alcaldía deberán sustentar que el procedimiento cumplió con los requisitos legales. La última palabra la tendrá el Tribunal Administrativo, que determinará si el Acuerdo 041 se ajusta a derecho.
La comunidad gironesa permanece atenta al fallo, pues la posible privatización impactaría directamente en la gestión y el costo de los servicios públicos municipales.
