Cultura en disputa: el secretario Rangel bajo el fuego de acusaciones sin respaldo probatorio

Jorge Humberto Rangel, secretario de Cultura de Santander, está en el ojo del huracán por denuncias de corrupción que salpican su gestión y sus vínculos políticos.

El nombre de Jorge Humberto Rangel Buitrago, actual secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio de Santander, ha sido puesto en el centro de un nuevo escándalo mediático. Señalamientos recientes lo acusan de haber solicitado presuntamente dinero a empresarios a cambio de promesas de contratos en la Gobernación de Santander. Aunque las acusaciones son graves, hasta ahora se sustentan únicamente en testimonios sin pruebas materiales, lo que plantea un dilema profundo sobre la responsabilidad periodística y el peligro de erosionar la confianza pública con denuncias que no pasan del plano especulativo.

¿Delito o presunción?

Desde la llegada de Melissa García al diario Vanguardia, el buen periodismo ha dejado de ser la bandera de la casa de los Galvis, para convertir la casa de la 34 en un portal de chismes, entrevistas lisonjeras y acciones de favorecimiento familiar.

Las denuncias, reveladas por el diarioVanguardia, indican que dos empresarios afirman haber sido contactados por Rangel Buitrago con la intención de pedirles sumas que oscilan entre $40 y $50 millones, presuntamente para “su jefe”. A cambio, recibirían contratos dentro del despacho que hoy lidera. Estas afirmaciones, si bien preocupantes, se basan en fuentes que solicitaron anonimato y, hasta la fecha, no han sido acompañadas de audios, documentos o denuncias formales ante entes judiciales.

En términos jurídicos, se ha mencionado la posible comisión del delito de concusión. Sin embargo, para que esto prospere en un proceso penal, se requiere más que palabras. Se necesita evidencia verificable, peritajes, y voluntad judicial de investigar, elementos que, al cierre de esta edición, brillan por su ausencia.

La respuesta del funcionario

En diálogo con medios regionales, Jorge Humberto Rangel Buitrago negó de manera tajante cualquier implicación en hechos de corrupción y retó públicamente a sus denunciantes a presentar pruebas formales: “Los invito a que instauren las denuncias. Eso no ha sucedido, ni va a suceder. El jefe acá es el Gobernador, y en cada consejo de gobierno se nos recalca la importancia de actuar con transparencia”.

Este tipo de reacciones, aunque previsibles, son coherentes con la falta de pruebas expuestas por los denunciantes. La defensa del funcionario plantea también otra pregunta relevante: ¿estamos ante un caso de corrupción, o frente a una estrategia para debilitar la gestión de una figura pública sin pruebas consistentes?

Quejas sobre el manejo de recursos culturales: entre opacidad y burocracia

El caso de Rangel no se limita a estas denuncias personales. También han surgido cuestionamientos sobre el manejo de $4.400 millones asignados mediante el Decreto 441 de 2024, correspondiente a los estímulos culturales financiados con recursos de la Estampilla Procultura. Gestores culturales consultados por Vanguardia denunciaron falta de transparencia, escasa divulgación de ganadores, desconocimiento de los jurados y criterios de selección poco claros.

Sin embargo, nuevamente, se habla de “presuntas irregularidades”, sin documentos, auditorías independientes, ni pruebas objetivas que permitan establecer responsabilidad directa del actual secretario. Incluso las críticas que apuntan a su supuesta falta de idoneidad se basan más en percepciones personales que en hechos contrastables.

El propio funcionario respondió a estas críticas afirmando que los proyectos deben cumplir requisitos mínimos y que cualquier irregularidad debe denunciarse formalmente. “Si alguien cobra por trámites ante la Secretaría de Cultura, eso es ilegal y debe ser investigado”, añadió.

Un cargo técnico convertido en botín político

Uno de los puntos más delicados del debate tiene que ver con la designación de Rangel en el cargo. Aunque cuenta con estudios de posgrado en administración pública, su experiencia en el sector cultural es limitada. Esto ha abierto el debate sobre si este tipo de cargos deben obedecer a criterios técnicos o políticos. Sin embargo, la legalidad de su nombramiento no está en discusión: cumple con lo exigido por el Decreto 542 de la Gobernación de Santander.

Lo preocupante, más allá del caso puntual, es que este debate sigue sin respuesta clara: ¿puede liderar la política cultural de un departamento alguien sin formación específica en el campo? La respuesta no es jurídica, sino ética y política. Y es ahí donde el gobierno departamental debe dar una respuesta de fondo.

¿Periodismo de investigación o tribunal sin pruebas?

La proliferación de escándalos que nunca llegan a las instancias judiciales o que terminan archivados por falta de evidencias ha minado la confianza de la ciudadanía. Casos como este exigen que los medios asuman con seriedad su papel: informar, sí, pero con sustento. El periodismo no puede convertirse en una sala de rumores donde se condena sin pruebas, porque eso atenta contra el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.

En este caso, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría han abierto investigaciones formales contra Rangel Buitrago por los hechos que hoy circulan en medios. Tampoco existen documentos públicos que respalden los señalamientos, y las declaraciones recogidas por Vanguardia no han sido ratificadas en instancias judiciales.

Conclusión: ¿a quién le sirve el escándalo?

Mientras no se presenten pruebas sólidas, este caso no pasa de ser un ruido mediático que daña reputaciones pero no fortalece la institucionalidad. Si existen evidencias, estas deben presentarse ante los organismos competentes. Si no existen, estamos ante una nueva manifestación del desgaste que sufre la política santandereana: acusaciones sin fondo, titulares sin sustento, y una ciudadanía cada vez más escéptica.

Jorge Humberto Rangel Buitrago merece, como cualquier ciudadano, el derecho a la defensa y al debido proceso. Y los santandereanos merecen saber si están frente a un hecho de corrupción real o simplemente frente a otra cortina de humo. El periodismo, en lugar de amplificar rumores, debe ayudar a resolver esa incógnita con rigor, pruebas y responsabilidad.