Cúcuta y área metropolitana exigen respuestas reales tras doble atentado que deja dos policías muertos y heridos en plena crisis de seguridad
Violencia atribuida al Eln en Cúcuta evidencia fragilidad estatal y miedo en comunidades fronterizas
CÚCUTA — María Angélica, residente de Villa del Rosario, vive con temor las noches desde el ataque armado contra el CAI de su barrio. "Sentimos que vivimos en una zona de guerra, no hay protección real. Los policías heridos pudieron ser mis vecinos", denuncia. El reciente doble atentado con explosivos en la vía Anillo Vial Oriental, que cobró la vida de dos policías y dejó otros dos heridos, ha desatado la zozobra en la región del área metropolitana de Cúcuta.
Este ataque criminal, atribuido oficialmente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), no solo cobró vidas humanas, sino que generó interrupciones en el servicio eléctrico y puso en riesgo a civiles que circulaban por la zona. Además, un hostigamiento simultáneo al CAI en Villa del Rosario dejó dos patrulleros heridos en un área crítica de conexión con Venezuela, lo que aumenta la sensación de inseguridad en una región ya golpeada por el conflicto armado.
La Policía Metropolitana de Cúcuta asegura que estos hechos son una retaliación directa del Eln, pero no explica con claridad qué medidas concretas se están implementando para proteger a las comunidades y evitar que estos ataques se repitan, dejando a los ciudadanos desprotegidos y sin garantías reales de seguridad.
Habitantes del área metropolitana cuestionan la permanencia de la violencia en su territorio y la aparente ausencia de una estrategia estatal efectiva. "Nos dejan solos, mientras ellos pelean en las calles, nosotros somos los que sufrimos", afirma un vecino del barrio La Parada.
"Estamos cansados de escuchar anuncios, pero seguimos con miedo. Queremos acciones reales que terminen con esta violencia en nuestras calles"
— Juan Carlos Rodríguez, líder comunitario de Villa del Rosario
Expertos en seguridad de la Universidad de Santander (UDES) advierten que la falta de un plan integral que involucre a la comunidad, refuerce la inteligencia policial y genere canales de cooperación territorial está alimentando la persistencia del conflicto armado en Norte de Santander. A ello se suman las complejas dinámicas transfronterizas que facilitan el accionar de grupos armados ilegales.
Fiscalización de cifras y respuestas
Fuentes oficiales reportan que la Policía ha incrementado operativos en la zona, pero los datos independientes muestran que la percepción de seguridad en Cúcuta y municipios del área metropolitana ha empeorado un 15% en los últimos seis meses. Además, hay denuncias recurrentes sobre demoras en la atención y poca voluntad de diálogo con las comunidades afectadas.
Propuestas desde expertos y organizaciones civiles
Ante la persistencia de estos episodios, la academia propone implementar un Observatorio Ciudadano de Seguridad con participación comunitaria y apoyo de organizaciones no gubernamentales que permita monitorear en tiempo real los riesgos y la respuesta institucional.
- Fortalecer los esquemas de cooperación local-policial con inclusión de líderes comunitarios.
- Desarrollar programas de prevención del conflicto enfocados en jóvenes vulnerables en barrios como La Parada y Villa del Rosario.
- Promover diálogo territorial y proyectos de desarrollo social que reduzcan la influencia de grupos armados en la región.
La comunidad exige que el Gobierno nacional y las autoridades locales presenten un plan claro, con resultados medibles y plazos concretos para garantizar la seguridad en Cúcuta y el área metropolitana, especialmente frente al Eln, cuya presencia ha crecido sin respuestas contundentes desde hace años.
Contexto adicional: El conflicto con el Eln ha dejado heridas abiertas en Norte de Santander. Los diálogos de paz con el Gobierno, suspendidos en 2025 tras nuevos ataques, reflejan la dificultad de la negociación y la violencia que persiste en municipios fronterizos.
Fuentes consultadas: Voces de afectados en Villa del Rosario y Cúcuta, líderes comunitarios, expertos académicos en seguridad de la UDES, veedurías locales y fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
