Cúcuta: habitantes y comerciantes exigen seguridad tras nuevo atentado que deja dos policías muertos

Atentado con explosivos en vía Anillo Vial Oriental deja alarma por inseguridad y daños en infraestructura

CÚCUTA — Luis Fernando Gómez, comerciante del sector cercano al Anillo Vial Oriental, denuncia que la tranquilidad de Cúcuta se desvanece ante la escalada de violencia. "Este ataque no sólo asesinó a dos policías, también afectó nuestras vidas con la suspensión de electricidad y daños en las vías que usamos todos los días", explica. Mientras las autoridades atribuyen el doble atentado al ELN, la comunidad exige respuestas y acciones concretas para garantizar su seguridad, especialmente en sectores estratégicos como Villa del Rosario y El Zulia.

El doble atentado ocurrido en el Anillo Vial Oriental, vía que conecta a Cúcuta con El Zulia, cobró la vida de dos policías y dejó a otros dos heridos en el CAI de Villa del Rosario. Estos hechos ocurren en medio de una escalada de violencia atribuida al ELN, presencia cada vez más fuerte en Norte de Santander, que pone en riesgo la seguridad de toda el área metropolitana.

La Policía Metropolitana de Cúcuta asegura que el ataque es "una retaliación directa del ELN contra las acciones ofensivas recientes". Sin embargo, esta versión no esclarece la baja presencia policial efectiva ni las medidas fallidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en zonas vulnerables.

Habitantes y comerciantes del área metropolitana manifiestan descontento y miedo ante la inseguridad creciente. Testimonios de quienes transitan por el Anillo Vial Oriental y viven cerca del CAI resaltan la falta de presencia constante de las autoridades y la nula protección en puntos críticos.

"Estamos cansados de promesas de seguridad que no llegan. El servicio de energía estuvo horas suspendido y ningún esquema de prevención se ve en la calle", expresa Ana María Torres, residente de Villa del Rosario.

— Ana María Torres, habitante Villa del Rosario

El concejal de la oposición, Jaime Molano, cuestiona la gestión de la Policía Metropolitana y del Gobierno Regional. "No basta con culpar al ELN sin mostrar un plan claro y efectivo para la protección de ciudadanos y la recuperación de la seguridad en los corredores viales", señala.

Según datos de seguridad local, los ataques atribuidos al ELN en el área metropolitana de Cúcuta han aumentado un 30% en el último año, mientras que las iniciativas de prevención y operación policial muestran retrasos y baja incidencia real.

Soluciones desde el activismo y expertos en seguridad

Académicos de la Universidad de Santander (UDES) proponen reforzar la seguridad con tecnología de inteligencia geoespacial para monitorear las rutas de riesgo, y aumentar la presencia policial con mecanismos de participación ciudadana para una vigilancia más efectiva.

• Implementar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, con acceso público a las grabaciones para transparencia.
• Crear comités comunitarios de seguridad que trabajen junto a la Policía y veedurías ciudadanas.
• Fortalecer los diálogos con comunidades vulnerables y promover programas de desarme voluntario impulsados por la sociedad civil.

Organizaciones de la sociedad civil en Norte de Santander exigen al Gobierno Local y Nacional resultados concretos en materia de seguridad, no solo declaraciones y promesas de reinicio de diálogos de paz que no impactan a la realidad local.

¿Podrán las autoridades superar la incapacidad para proteger a los habitantes del área metropolitana de Cúcuta y acabar con la violencia que afecta a toda la región? La comunidad exige transparencia, acciones inmediatas y que los recursos asignados para seguridad se traduzcan en resultados.

Contexto adicional: El ELN mantiene una presencia creciente en 231 municipios del país, con Norte de Santander como uno de sus principales bastiones. En esta zona, los ataques y hostigamientos han sido constantes pese a las negociaciones fallidas de paz en los últimos años.

Fuentes consultadas: Habitantes y comerciantes del Anillo Vial Oriental, concejales de oposición, expertos en seguridad de la UDES, organizaciones civiles y versiones oficiales contrastadas.