Cristian Portilla sí está inhabilitado: una candidatura hecha para morir en las urnas
Incluso si llegara a figurar en el tarjetón, los votos obtenidos serían inválidos, al tratarse de un aspirante que no cumple los requisitos constitucionales y legales.
Aunque su abogado de confianza, Hollman Ibáñez Parra, salió a los medios a desmentir la inhabilidad de Cristian Portilla —el candidato que lleva el respaldo del destituido alcalde Jaime Andrés Beltrán—, lo cierto es que la ley y la jurisprudencia son claras: Portilla sí está inhabilitado.
El abogado Ibáñez, en un intento por apagar el incendio jurídico, aseguró que la supervisión de un contrato “no implica autoridad ni intervención”. Sin embargo, esta afirmación desconoce lo dispuesto por la Ley 617 de 2000 (artículo 37, numeral 4), que prohíbe expresamente que quien haya ejercido funciones administrativas o contractuales dentro del año anterior a una elección pueda aspirar a un cargo de elección popular en el mismo municipio.
En este caso, Cristian Portilla fue supervisor de un contrato municipal en 2025, es decir, dentro del año previo a las elecciones atípicas de Bucaramanga, lo que configura una intervención administrativa directa. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la supervisión de contratos sí constituye ejercicio de autoridad, al implicar control, vigilancia y toma de decisiones sobre la ejecución contractual, funciones propias de la administración pública.
Por tanto, pese al esfuerzo mediático del abogado Ibáñez por presentar el tema como un “activismo político”, lo que realmente existe es una causal de inhabilidad plenamente demostrable.
Portilla no puede ser alcalde, y su candidatura, aunque respaldada por los remanentes políticos de Beltrán, es jurídicamente inviable y moralmente insostenible.
Incluso si llegara a figurar en el tarjetón, los votos obtenidos serían inválidos, al tratarse de un aspirante que no cumple los requisitos constitucionales y legales.
En Bucaramanga ya hay claridad: esta es una candidatura que nació muerta, un intento desesperado de quienes perdieron el poder y ahora buscan prolongar su sombra en la administración pública.
