Crisis financiera en Cúcuta: un déficit de $366 mil millones y la sombra de la irresponsabilidad fiscal
Cúcuta enfrenta un déficit financiero de $366 mil millones mientras la Alcaldía sigue contratando por OPS y embargando a ciudadanos por impuestos. El endeudamiento se disparó sin control y la Procuraduría ya investiga. ¿Quién responde por el daño fiscal?
La capital de Norte de Santander enfrenta una de sus peores crisis fiscales de las últimas décadas: un déficit financiero que ya asciende a 366 mil millones de pesos, mientras la administración municipal continúa gastando miles de millones en contratos por prestación de servicios (OPS), sin un plan estructural de ajuste que le permita al municipio salir del hueco económico en que se encuentra.
Según el concejal Leonardo Jácome, solo en el presente año la Alcaldía ha comprometido más de 3.000 millones de pesos en contratación de personal en distintas secretarías bajo la figura de OPS, una modalidad que, aunque legal, ha sido altamente cuestionada por su uso recurrente para el clientelismo político, la falta de transparencia y la ineficiencia del gasto.
“Este déficit significa que el municipio tendría que pagar 600 mil millones de pesos en una década. Con los ingresos actuales, ni siquiera podríamos cubrir los 49 mil millones que deberíamos pagar este año”, advirtió el concejal en entrevista con RCN Radio.
La deuda que asfixia
Lo más alarmante no es solo el tamaño del hueco fiscal, sino el origen de buena parte de esa deuda. Entre las administraciones de Donamaris Ramírez, César Rojas y Jairo Yáñez, se solicitaron préstamos por 20 mil, 46 mil y 87 mil millones de pesos respectivamente. Sin embargo, el actual alcalde, Jorge Acevedo, elevó drásticamente ese endeudamiento hasta los 287 mil millones de pesos, un salto sin precedentes que ahora pone al municipio al borde de la insolvencia operativa.
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra los concejales que aprobaron este cupo de endeudamiento, debido a presuntas irregularidades en el análisis de la capacidad real de endeudamiento del municipio y posibles inconsistencias en la calificación de riesgo que respaldó dicha aprobación.
Más impuestos, más embargos, menos alternativas
Mientras tanto, la administración municipal parece haber optado por la vía más sencilla y menos solidaria: aumentar la presión fiscal sobre los cucuteños. Según el concejal Jácome, actualmente hay más de 100 mil procesos de embargo en curso contra ciudadanos que no han podido cumplir con el pago del impuesto predial o el de industria y comercio.
Este mecanismo, que debería ser el último recurso en la cadena de recuperación de cartera, se está aplicando sin agotar las etapas previas de cobro persuasivo, lo cual no solo es una mala práctica administrativa, sino una muestra del desespero financiero de un gobierno que, en lugar de ofrecer soluciones estructurales, está descargando el peso de la crisis sobre los hombros de una ciudadanía golpeada por la informalidad, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos.
¿Y la inversión social?
En medio de este panorama, no hay señales claras de una estrategia para reorientar el gasto público hacia la inversión social, la reactivación económica o la generación de empleo digno. La contratación de OPS sigue siendo la norma, mientras los indicadores de pobreza y desigualdad no dejan de subir en una ciudad que ya venía rezagada frente a otras capitales del país.
La ciudadanía merece respuestas claras. ¿Dónde están los resultados de los créditos multimillonarios? ¿Cuáles fueron las obras ejecutadas? ¿Qué control real han ejercido los concejales que hoy se muestran preocupados? Y sobre todo: ¿quién responde por este detrimento patrimonial que compromete el futuro de toda una ciudad?
