Crisis en Catatumbo: liberación tras casi 11 meses de secuestro no mitiga alerta por inseguridad en Norte de Santander
Incremento de secuestros y violencia mantiene a la región del Catatumbo en estado crítico
NORTE DE SANTANDER — María Fernanda Gómez, familiar de una de las personas secuestradas en el Catatumbo, denuncia que la liberación de 11 personas tras casi 11 meses de secuestro no representa un avance real para la seguridad de la región. "Nuestra angustia continúa, porque estos hechos se repiten y nadie responde. Nosotros, desde Tibú y El Tarra, seguimos viviendo con miedo y sin garantías".
Once personas, nueve hombres y dos mujeres, residentes en Tibú y El Tarra, fueron entregadas a la comisión humanitaria integradas por Cruz Roja, Iglesia Católica, ONU y Defensoría del Pueblo luego de 10 meses y 16 días de cautiverio. Entre ellas, un firmante del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, este evento se produce en medio de una alarmante escalada de secuestros y desapariciones en la región. Según autoridades locales, en solo una semana se registraron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, mientras que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos en el año.
"Los grupos armados ilegales mantienen control en gran parte de zonas rurales y la seguridad para las comunidades es cada vez más precaria"
— Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La versión oficial indica que la liberación fue posible gracias al acompañamiento de organizaciones humanitarias, aunque la situación de seguridad en la región sigue siendo crítica. La Defensoría del Pueblo y la ONU han solicitado acceso pleno para atender a las comunidades afectadas, situación que hasta ahora no ha sido garantizada.
El panorama para los firmantes de paz es especialmente grave. La ARN señala que 223 firmantes se han desplazado, mientras que 19 permanecen confinados por la violencia. Esta situación pone en evidencia la falta de garantías de protección y la persistencia de la violencia como una sombra sobre el proceso de reincorporación en la región del Catatumbo.
Voceros de organizaciones sociales y expertos en Derechos Humanos demandan acciones concretas
La ONG regional Defensa Humanitaria de Santander insiste en la necesidad de una estrategia integral de seguridad que garantice el control territorial del Estado y la protección efectiva de la población civil.
- Garantizar el acceso pleno de organismos humanitarios y veedurías sociales en la zona.
- Implementar una política de seguridad enfocada en la prevención y protección a comunidades rurales.
- Fortalecer programas de atención y protección a firmantes de paz para evitar desplazamientos y desapariciones.
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) sugieren que la experiencia de otras regiones afectadas puede ser una guía: implementar coordinaciones interinstitucionales con participación plena de la sociedad civil, y el establecimiento de mecanismos efectivos de denuncia y protección que involucren a las comunidades.
La comunidad y organizaciones sociales exigen transparencia, cronogramas claros y acceso irrestricto para supervisar las acciones que deben terminar con la impunidad y restablecer la seguridad.
¿Será esta liberación un cambio real o apenas un evento aislado en una región donde la violencia y la inseguridad persisten sin control?
Contexto adicional: En lo que va del año, seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y seis más permanecen desaparecidos en la región del Catatumbo, mientras que autoridades locales reportan más de una decena de desapariciones semanales vinculadas a grupos armados ilegales.
Fuentes consultadas: Testimonios de familiares y víctimas en Tibú y El Tarra, Comisión humanitaria integrada por Cruz Roja, Iglesia Católica, ONU y Defensoría del Pueblo, voceros de organizaciones sociales, expertos en derechos humanos de la UIS, autoridades locales y prensa regional.
