Créditos blandos para motos en Bucaramanga: ¿solución real o parche electoral para quienes viven al día?

Inmovilizaciones que afectan el sustento diario golpean a motorizados informales en Bucaramanga y su área metropolitana

BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario del barrio Centro, describe con preocupación el impacto de la inmovilización de su moto: “Me inmovilizaron la moto. Tres días sin trabajar. Tres días sin ingresos”. Lo mismo viven decenas de conductores de moto en barrios como Cabecera y el norte de la ciudad, que dependen de sus vehículos para subsistir. En municipios cercanos como Floridablanca y Girón, la informalidad en la movilidad también golpea a familias que, como Marta, madre cabeza de hogar, afirman que “pagar todo junto me deja sin mercado”.

El candidato a la alcaldía, Carlos Bueno, presenta una propuesta para otorgar créditos blandos que permitan a los conductores ponerse al día en pagos de SOAT, tecnomecánica y licencias, antes de que una multa inmovilice su vehículo y afecte su sustento. Sin embargo, esta solución abre más preguntas que certezas.

Desde la comunidad, voces críticas advierten que el problema no se limita solo a la falta de recursos inmediatos para pagar documentos, sino a un sistema que castiga sin contemplaciones a quienes trabajan informalmente, sin ofertas adecuadas de apoyo ni alternativas reales previas a sanciones.

“La multa se paga, pero lo que no recuperamos es el tiempo y el dinero perdido por quedarnos sin poder trabajar mientras inmovilizan la moto”, denuncia Jorge, conductor particular de Cabecera.

— Jorge Martínez, conductor afectado

Expertos en movilidad y economía informal consultados por Voz Oriente Bucaramanga señalan que, aunque los créditos blandos puedan aliviar la carga económica momentáneamente, es indispensable revisar las políticas de movilidad integra y de protección al trabajo informal, que en Bucaramanga y su área metropolitana representa una parte significativa de la economía familiar.

La administración municipal hasta el momento no ha respondido a esta propuesta, ni ha presentado un plan integral que contemple acompañamiento real a los motorizados afectados. Históricamente, programas similares han contado con escasa ejecución o seguimiento, dejando a la mayoría en la incertidumbre y vulnerabilidad.

Propuestas de solución desde la academia y sociedad civil:

Según la profesora Ana Gómez, experta en economía informal de la UIS, ciudades como Medellín y Cali han implementado modelos de pago fraccionado combinado con programas de formación para conductores, que incluyen asesorías financieras y revisiones de seguridad vehicular gratuitas, logrando reducir las inmovilizaciones injustificadas y mejorar la formalización gradual.

• Implementación de planes de pago fraccionados para SOAT y tecnomecánica, acompañados de educación financiera
• Atención integral con capacitaciones y asesorías para formalizar a los conductores en microempresas de transporte informal
• Creación de fondos rotatorios locales que permitan evitar la inmovilización total mientras se resuelven documentos burocráticos

Estas iniciativas son demandadas por juntas de acción comunal en barrios como Provenza y San Alonso, que solicitan a futuras administraciones que consulten y establezcan mecanismos permanentes de diálogo y apoyo financiero para evitar que la sanción legal se traduzca en hambre y precariedad para miles de familias.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿la propuesta de créditos blandos de Carlos Bueno es un primer paso hacia políticas integrales o un parche más que no soluciona el fondo del problema para miles de bumangueses que viven al día y dependen de su moto para trabajar?

Contexto adicional: En Bucaramanga, según datos no oficiales de gremios de motorizados, más del 60% de las inmovilizaciones no obedecen a imprudencias graves, sino a falta de recursos para cumplir con pagos básicos que las sanciones obligan a hacer de una vez. Sin embargo, no existen cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad que permitan conocer verdadera magnitud del problema.

Fuentes consultadas: Conductores afectados, juntas de acción comunal, expertos en economía informal de la UIS, gremios de motorizados locales. La administración municipal no respondió a solicitudes de pronunciamiento.