Controversia por control del agua en el Cauca: comunidades denuncian exclusión tras decreto del Gobierno Petro
Según la congresista, el Decreto 1094 de 2024 otorgó al CRIC facultades plenas sobre el uso del agua en gran parte del Cauca, generando restricciones y conflictos con pobladores que ahora deben pedir permiso para usar quebradas que cruzan sus propias fincas.
Senadora Paloma Valencia denuncia que el Gobierno Petro entregó el control total del agua en el Cauca al CRIC, lo que ha generado denuncias por exclusión, cobros y amenazas a campesinos y comunidades afrocolombianas.
Una nueva polémica se desató tras la denuncia hecha por la senadora Paloma Valencia, quien alertó sobre las consecuencias del Decreto 1094 de 2024, firmado por el Gobierno nacional. Dicho decreto creó la Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (ATEA), otorgando al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) la categoría de autoridad ambiental en los territorios ancestrales que cubren gran parte del departamento del Cauca.
Según la congresista, esta medida le da al CRIC facultades plenas para decidir sobre el uso del agua, afectando directamente a campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas que no hacen parte del CRIC.
“Esto significa que nadie puede usar el agua de ríos, quebradas o nacimientos dentro de zonas bajo influencia del CRIC sin su permiso”, advirtió Valencia.
La senadora señaló que este no es solo un trámite burocrático, ya que existen cobros, restricciones, y múltiples denuncias por presiones y amenazas a quienes no se someten a las normas impuestas por el CRIC.
Además, manifestó su preocupación por las consecuencias para las familias rurales:
“Ahora una familia debe pedir permiso al CRIC para sacar agua de la quebrada que cruza su propia finca. Eso es inaceptable”.
Valencia también denunció que no solo campesinos, sino comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas no afiliados al CRIC, se sienten excluidos del proceso y sin representación en las decisiones.
Finalmente, concluyó que esta política está generando un escenario de burocracia, confusión y hasta sanciones comunitarias por no cumplir las reglas establecidas por la organización indígena.
