Conductores en Bucaramanga reclaman créditos para evitar multas que acaban con su sustento
Multas y sanciones a motociclistas evidencian una crisis que golpea a familias en Bucaramanga
BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario del Centro de la ciudad, vive la incertidumbre de no poder trabajar tras la inmovilización de su moto. "Tres días sin trabajar, tres días sin ingresos", denuncia. En barrios de Norte, Cabecera y otras comunas, madres cabeza de hogar, estudiantes y conductores particulares enfrentan la misma situación: sanciones que no solo afectan sus documentos, sino que significan perder el sustento diario.
Las sanciones por incumplimiento de documentos como SOAT, licencia o tecnomecánica han generado un impacto severo en los conductores informales de Bucaramanga, que dependen de su moto como única fuente de trabajo. Las multas y la inmovilización les significan no solo un golpe económico, sino un riesgo real para la alimentación y pago de arriendos de sus familias.
La Administración municipal no ha dado una respuesta clara ni flexible para este sector. Aunque las normas son estrictas, la falta de mecanismos adaptados a la realidad económica de estos conductores muestra una desarticulación entre la política pública y las necesidades reales.
Andrés, Marta, Jorge y Carlos —un domiciliario, una madre cabeza de hogar, un conductor particular y un estudiante— coinciden en denunciar que no se trata de incumplimiento por irresponsabilidad, sino por la imposibilidad de pagar todos los documentos y multas al tiempo.
"No es que no quiera cumplir, es que pagar todo junto me deja sin mercado y sin trabajo"
— Marta, madre cabeza de hogar, barrio Norte
La propuesta del candidato Carlos Bueno, conocido como “El Barbas”, plantea la creación de créditos blandos que permitan a estos conductores ponerse al día con sus obligaciones antes de que una multa o sanción les prive del sustento. Sin embargo, expertos en economía informal y movilidad advierten que esta medida es insuficiente si no va acompañada de un sistema integral de apoyo y educación vial.
El profesor universitario y experto en movilidad José Ramírez comenta que "el problema va más allá de la incapacidad de pago; es necesario adecuar políticas públicas con énfasis en la prevención y el acompañamiento a quienes dependen de su moto para sobrevivir".
Desde veedurías ciudadanas y movimientos sociales se ha pedido a la Alcaldía implementar medidas que no solo eviten la inmovilización sino que ofrezcan alternativas reales para proteger el empleo informal, que en Bucaramanga representa cerca del 60% del trabajo en moto.
- Implementación de planes de pago flexibles y sin intereses abusivos
- Programas educativos para conductores vulnerables
- Creación de mesas de diálogo periódicas con las comunidades afectadas
La comunidad exige que estas propuestas sean acompañadas de un cronograma público, con revisión ciudadana y sanciones para quienes incumplan. "Cumplir la ley no debería significar dejar de comer", reclaman los conductores afectados.
Contexto adicional: Datos de la Secretaría de Tránsito revelan que más del 70% de las inmovilizaciones en Bucaramanga corresponden a motocicletas vinculadas al trabajo informal. Las sanciones, lejos de cumplir su función preventiva, profundizan la precariedad.
Fuentes consultadas: Conductores afectados de Bucaramanga (Centro, Norte, Cabecera), expertos en movilidad de la UIS, veedurías ciudadanas, análisis de organizaciones sociales. La Alcaldía no respondió a las solicitudes de entrevista para este informe.
