Conductores de motos en Bucaramanga denuncian que multas e inmovilizaciones los dejan sin sustento: ¿qué propone 'El Barbas'?
Créditos blandos para conductores de moto: propuesta que llega tras años de controles que golpean economía popular en Bucaramanga
BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario del Centro, apenas puede cubrir el arriendo y los alimentos de su familia. Sin embargo, tres días de inmovilización de su moto le significaron tres días sin ingresos, lo que para él es equivalente a una "nevera vacía". "Cumplir la ley no debería significar dejar de comer", reclama.
En Bucaramanga, la inmovilización de motos no es solo una multa, sino un golpe directo a la economía de miles que dependen de sus vehículos para trabajar. Según datos de la Secretaría de Movilidad, en 2024 se registraron más de 1.200 inmovilizaciones solo en motocicletas, impactando especialmente a domiciliarios y madres cabeza de familia que utilizan la moto como herramienta de trabajo.
La propuesta del candidato a la Alcaldía, Carlos Bueno, conocido como 'El Barbas', plantea ofrecer créditos blandos para que estos conductores puedan ponerse al día con SOAT, tecnomecánica y licencias, evitando así la sanción que lleva a la inmovilización y pérdida de ingresos.
Sin embargo, esta propuesta no incluye condonación de multas sino un mecanismo para prevenir que las sanciones, en la práctica, terminen afectando la subsistencia diaria.
Desde el sector ciudadano, las voces expresan preocupación por la manera como se ejecutan los controles. Marta, madre cabeza de hogar en el Norte, señala:
"No es que no quiera cumplir. Es que pagar todo en una sola cuota me deja sin mercado y sin cómo llevar plata a la casa."
— Marta, madre cabeza de hogar, barrio Provenza
Jorge, conductor particular de Cabecera, agrega que pagar multas es posible, pero no recuperar los días sin trabajar. "La multa se paga, pero lo que no se recupera es el tiempo y el sustento perdido", afirma.
Crítica a la gestión actual
Expertos en movilidad urbana y economía popular, como la economista Diana Torres de la UIS, advierten que las políticas de control y sanción en Bucaramanga carecen de flexibilidad para quienes dependen de la moto como fuente primaria de ingresos. "La inmovilización fomenta una trampa de pobreza donde el trabajador pierde ingresos esenciales y, a la vez, se genera un círculo negativo de incumplimiento", explica.
Por su parte, los líderes comunitarios llaman a que el Distrito implemente modelos que han funcionado en ciudades similares del país, como la aplicación de planes de pagos escalonados y acompañamiento social para conductores en situación de vulnerabilidad.
Fiscalización de la propuesta
Este tipo de créditos requieren además un acompañamiento transparente y mecanismos de control claros para evitar riesgos de corrupción y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan, advierte la ONG Transparencia Metropolitana.
Propuestas de solución externas a la campaña
La Universidad Industrial de Santander propone un programa piloto de regularización documental que incluya:
- Pago fraccionado de multas y documentos de circulación.
- Campañas de capacitación y sensibilización sobre trámites.
- Participación activa de las Juntas de Acción Comunal para supervisar el proceso.
Además, ciudades como Manizales han implementado planes de ayuda a trabajadores informales para evitar la pérdida del sustento, consiguiendo reducir la morosidad en trámites en un 30%.
La comunidad de Bucaramanga exige que estas propuestas sean discutidas públicamente y no solo queden en anuncios electorales. Más que discursos, piden planes efectivos, medibles y con seguimiento ciudadano.
¿Será esta la campaña que escuche a los conductores de motos y articule medidas reales o quedará en una promesa más entre tantas incumplidas en Bucaramanga?
Contexto adicional: En 2024 hubo más de 1.200 inmovilizaciones de motos en Bucaramanga según Secretaría de Movilidad, impactando hogares en barrio Provenza, Cabecera y Centro. La actual gestión de tránsito no dispone de planes adaptados para economía popular.
Fuentes consultadas: Habitantes afectados de Bucaramanga, expertos de la UIS, ONG Transparencia Metropolitana, líderes comunitarios, Secretaría de Movilidad (datos oficiales), campaña Carlos Bueno.
