Conductores con motos en Bucaramanga exigen solución real y reclaman propuestas superficiales

Promesas de créditos blandos para multas no convencen a trabajadores informales de Bucaramanga

BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario en el Centro, denuncia cómo la inmovilización de su moto por una multa se tradujo en tres días sin trabajar ni recibir ingresos: "Tres días sin ingresos es tres días sin mercado para mis hijos". Esta situación es común en barrios como Cabecera y el Norte, donde decenas de conductores dependen de su vehículo para sobrevivir.

Bucaramanga registra un alto número de inmovilizaciones de motos, según datos oficiales que aún no se publican con claridad ni frecuencia para permitir un análisis ciudadano riguroso. Lo que sí es visible es el impacto económico sobre trabajadores informales, como madres cabeza de hogar y estudiantes, que en barrios como el Norte y Cabecera ven comprometido su sustento diario debido a los altos costos acumulados de SOAT, tecnomecánica y licencias.

El candidato a la alcaldía, Carlos Bueno, alias ‘El Barbas’, propone entregar créditos blandos para que los afectados puedan pagar sus documentos antes de que las multas los inmovilicen y les quiten la fuente de trabajo.

Sin embargo, esta propuesta no contempla soluciones integrales ni aborda las causas estructurales del problema. No hay claridad sobre quién y cómo se garantizará que estos créditos se gestionen con total transparencia ni mecanismos de supervisión ciudadana para evitar la corrupción en su asignación.

"No es que no queramos cumplir, pero pagar todo junto nos quita el mercado. Propuestas como estas deben ser acompañadas de control y acompañamiento real, no solo préstamos"

— Marta, madre cabeza de hogar, barrio Norte

Organizaciones ciudadanas en Bucaramanga cuestionan la superficialidad del anuncio y exigen datos públicos detallados sobre la cantidad de sanciones, multas o inmovilizaciones en motos por comuna y barrio para entender el verdadero impacto social y económico de estas medidas.

Expertos en movilidad y economía social de la Universidad Industrial de Santander advierten que los créditos pueden ser una solución, pero deben integrarse a una estrategia más amplia que incluya educación vial, facilidades para regularización más accesibles y políticas públicas que protejan al trabajador informal sin dejar de cumplir la ley.

Fiscalización de cifras y propuestas

En Bucaramanga, la ausencia de estadísticas actualizadas sobre inmovilizaciones y sanciones impide medir la efectividad de estrategias actuales y pasadas. Las ejecuciones presupuestales relacionadas con movilidad y control de tránsito en 2024 muestran baja transparencia, planteando dudas sobre la capacidad del gobierno local para implementar soluciones reales.

Propuestas desde academia y comunidad

El docente Oscar Gómez, experto en políticas públicas de la UIS, recomienda:

• Implementar un programa de acompañamiento social y educativo para conductores informales, con prioridad en barrios vulnerables.
• Crear un fondo público de créditos con supervisión ciudadana para garantizar transparencia y evitar desviaciones de recursos.
• Fortalecer campañas preventivas para reducción de multas y controles coordinados con actores ciudadanos para evitar la inmovilización indiscriminada.

Las Juntas de Acción Comunal de barrios como el Norte y Cabecera piden la apertura de espacios de diálogo permanentes para construir desde la comunidad soluciones que no queden solo en promesas de campaña.

¿Estará Bucaramanga lista para dejar de castigar la informalidad con sanciones que terminan en pérdida de trabajo y sustento familiar? La comunidad exige que las autoridades locales rindan cuentas claras, presenten datos públicos y diseñen mecanismos efectivos que protejan a los más vulnerables en lugar de incrementar su precariedad.

Contexto adicional: La falta de transparencia en datos de multas y coste social de inmovilizaciones sigue siendo una deuda pendiente de la administración municipal. Propuestas como las de Carlos Bueno requieren evaluación rigurosa y participación ciudadana para evitar que terminen siendo solo discurso electoral.

Fuentes consultadas: Ciudadanos afectados, expertos de la UIS, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y datos oficiales parciales.