Condenan a exrectora de colegio en Riachuelo por nexos con paramilitares y abusos a menores: una historia de horror que Santander prefirió olvidar
Confirmaron la condena contra Lucila Gutiérrez, exrectora aliada de paramilitares en Riachuelo. Pero sigue libre, amparada por el silencio de quienes la protegieron. En la sombra, Luz Helena Saavedra Durán guarda aún historias que podrían estremecer a Santander.
La justicia confirmó una de las sentencias más estremecedoras de los últimos años en Santander. El Tribunal Superior del Distrito Judicial ratificó la condena contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá, por su participación directa en crímenes atroces cometidos por el Frente Comunero Cacique Guanentá, una estructura paramilitar que se enquistó en el sur del departamento durante los años más oscuros del conflicto.
La mujer fue sentenciada a 20 años de prisión efectiva por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento, esclavitud sexual y desplazamiento forzado en persona protegida.
Sin embargo, pese a la contundencia del fallo, Gutiérrez continúa prófuga de la justicia, protegida por el silencio cómplice de sectores políticos y sociales que durante dos décadas han preferido borrar su nombre de la historia oficial.
Un colegio convertido en campo de terror
Según el fallo de 136 páginas, la exrectora y su esposo, Luis María Moreno Santos, pusieron el colegio y su vivienda al servicio de los paramilitares. Las aulas, patios y oficinas del plantel educativo se convirtieron en escenario de abusos sexuales, encierros y torturas contra niñas del corregimiento, quienes fueron sometidas por jefes armados como “Víctor”, “Nariz”, “Shuster” y “Silvestre”.
El documento judicial establece que Gutiérrez “presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares y reinados de belleza”, y que permitió que los jefes del bloque paramilitar utilizaran la rectoría del colegio para sus encuentros y celebraciones.
La casa de la familia Moreno fue descrita por los magistrados como “un espacio abierto para los jefes del grupo ilegal, donde se organizaban reuniones políticas y se almacenaban víveres para la tropa”.
Complicidades de poder y silencio institucional
El caso Riachuelo fue durante años una historia enterrada. Los paramilitares se fueron, las víctimas envejecieron y muchos de los que colaboraron con ellos se reciclaron en la política regional.
En su momento, Lucila Gutiérrez era reconocida en el municipio como una “educadora ejemplar” y una figura cercana a las autoridades religiosas y políticas. Mientras tanto, en los sótanos del colegio que dirigía, niñas eran abusadas por hombres armados con total impunidad.
El proceso judicial avanzó lentamente y solo la presión de las víctimas permitió que la Fiscalía llevara el caso a juicio.
En su defensa, Gutiérrez alegó que “todo era mentira”, pero los testimonios de varias mujeres y las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron la existencia de una red de complicidad local que durante años facilitó la presencia del paramilitarismo en el sur de Santander.
El fallo que destapa heridas
La Sala Penal del Tribunal, con ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, desestimó los recursos de apelación y confirmó la condena.
El magistrado sostuvo que la conducta de la exrectora “no fue la de una simple colaboradora, sino la de una aliada estratégica del grupo armado, que legitimó su dominio social a través de la educación y el control sobre las niñas del corregimiento”.
Las víctimas, entre ellas Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, narraron los horrores que vivieron en ese colegio convertido en guarida paramilitar: secuestros, violaciones y esclavitud sexual bajo la mirada permisiva de quienes debían protegerlas.
Una nota al margen: la historia que aún no se ha contado
En medio de este caso resurge un nombre que podría abrir un nuevo capítulo de esta oscura historia: Luz Helena Saavedra Durán, exfuncionaria vinculada a estructuras políticas del departamento y con presencia en el gobierno de los Aguilar.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que Saavedra posee información clave sobre las alianzas políticas, los contratos y las redes de poder que protegieron a la familia Moreno-Gutiérrez durante años.
Hasta ahora, su testimonio no ha sido escuchado públicamente, pero sus declaraciones podrían destapar vínculos entre la vieja política santandereana y los crímenes del paramilitarismo en el sur del departamento.
La deuda pendiente con las víctimas
A pesar del fallo, las heridas siguen abiertas. Las mujeres que sobrevivieron a los abusos nunca recibieron una reparación integral, y la principal responsable continúa prófuga.
El caso de Riachuelo es una muestra de cómo el poder local, la impunidad y la indiferencia estatal permitieron que el horror se institucionalizara bajo el rótulo de “educación y moral”.
Mientras la justicia busca a Lucila Gutiérrez, Riachuelo intenta sanar una memoria que aún sangra. Y en Santander, el silencio de muchos —políticos, religiosos y exfuncionarios— sigue siendo el mejor aliado de los victimarios.
