Concejal Oscar Díaz Laytón: entre escándalos personales y una grave denuncia académica que podría salpicar a Uniciencia
El concejal Oscar Díaz Laytón enfrenta acusaciones por presunto consumo, episodios de violencia y una posible compra de notas en su carrera de Derecho. Su transparencia académica y política está en entredicho.

Un video compartido en redes sociales muestra al concejal conservador Óscar Díaz Laytón en una actitud errática durante sesión pública. Esto desató no solo rumores de presunto consumo de sustancias, sino también comentarios sobre ansiedad, faltas académicas y conflictos de interés que ya amenazan su credibilidad política.
Comportamiento que estrena debate
El pasado 31 de julio un video captado en cámara celular se viralizó rápidamente en redes sociales. En él se observa al concejal Óscar Javier Díaz Laytón ejecutando movimientos repetitivos y bruscos: taparse una fosa nasal, inhalar por la otra y tensar la mandíbula. Ese gesto fue calificado en redes como “extraño” y “sospechoso”, y desató dos hipótesis enfrentadas: consumo de sustancias ilícitas o un episodio de ansiedad.
La publicación inicial que encendió el debate insinuó el uso de cocaína (denominada “perico” en el argot local), lo que generó memes, burlas y acusaciones públicas. Otros usuarios, en contraste, pidieron respeto y argumentaron que el movimiento podría deberse a ansiedad, no una condición moral.
Un historial con sombra política
Este no es el primer episodio polémico en la carrera de Díaz Laytón. En junio pasado, se conoció una pelea en su residencia donde resultó lesionado tras una presunta riña vinculada al consumo excesivo de licor. De hecho, guardias médicos optaron por hospitalizarlo y se le recomendó realizar una prueba toxicológica.
Desde dentro del Concejo también han surgido voces críticas. Algunos colegas aseguran que Díaz ha tenido comportamientos erráticos y que incluso se ha ausentado de sesiones tras estos incidentes. También circula una acusación emitida por el exconcejal Carlos Barajas Herreño: que el concejal habría estado drogado y que el alcalde Beltrán habría intentado encubrir la situación enviando allegados a la clínica para manejar el caso discretamente.
Denuncias académicas complican aún más su posición
Un golpe mayor vino a consolidarse en una reciente columna de opinión del abogado Óscar Jahir Hernández Rugeles en el diario El Frente. En ella se denuncia que Díaz Laytón habría obtenido calificaciones perfectas —de 5.0— en tres asignaturas clave del programa de Derecho de la Universidad Uniciencia, sin haber asistido a clases ni presentado exámenes ni participado en debates académicos.
Las materias en cuestión fueron impartidas por el profesor Ramón Eduardo Angarita Rodríguez, quien, según registros del SECOP, también ha sido contratista del Instituto de Vivienda de Bucaramanga en 2024-2025. Esta coincidencia plantea serias sospechas de tráfico de influencias y compra de notas.
Hernández Rugeles afirma que este caso configura un conflicto de interés y que la universidad debe abrir de inmediato una auditoría rigurosa. “La dignidad política va más allá de ser hijo de un pastor; implica honestidad académica y transparencia institucional”, concluye la columna.
Conflicto con el urbanismo local
La polémica no se limita a los episodios personales. Díaz Laytón preside la comisión encargada de revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga, pese a no tener formación técnica en urbanismo. Su cercanía con una propietaria de constructora involucrada en controversias y su participación en regulaciones de terrenos genera cuestionamientos sobre posible conflicto de intereses.
En manos de distintos frentes
Por ahora, el caso está en manos de múltiples instancias: la Fiscalía investiga el episodio de la riña, mientras que se espera que Uniciencia responda ante la denuncia académica. La Universidad debe tomar decisiones firmes para preservar su reputación y garantizar el cumplimiento de estándares académicos.
Dentro del Concejo, crece la presión para que Díaz Laytón aclare su situación. Ciudadanos y funcionarios exigen transparencia y un ejercicio de representación sin sospechas detrás.