Catatumbo y Norte de Santander: Liberación de secuestrados no oculta crisis de inseguridad que afecta también a Bucaramanga y área metropolitana
Persistencia de secuestros y violencia en Catatumbo evidencia falta de control estatal y afecta la región metropolitana de Santander
Bucaramanga/Norte de Santander — "Mi hermano lleva desaparecido más de seis meses, nadie responde ni actúa", asegura María Torres, habitante de Floridablanca, quien tiene familiares en Tibú, una de las zonas donde el ELN mantiene control ilícito. Este jueves se anunció la liberación de once personas que permanecían secuestradas desde enero en el Catatumbo, una noticia que celebran las familias, pero que no oculta la escalada de inseguridad y la sensación de abandono por parte del Estado en la región.
El anuncio realizado por la comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, ONU, Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo confirma la liberación de nueve hombres y dos mujeres, residentes en los municipios de Tibú y El Tarra. Sin embargo, el alivio que implica esta acción no logra disimular la crítica situación de seguridad que persiste en el Catatumbo y que repercute en todo Norte de Santander, incluido Bucaramanga y su área metropolitana.
Autoridades locales reportan un aumento alarmante de secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos, en medio del control territorial por parte de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC. Según Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, "estos grupos mantienen el dominio en sectores rurales, generando desplazamientos, temor y vulnerabilidad, mientras la presencia estatal es mínima o ausente".
"Nosotros exigimos al Estado que garantice la seguridad, que aparezcan nuestros familiares y que no sigan usando a la población civil como escudo en sus conflictos"
— Ricardo Gómez, familiar de desaparecido y líder comunitario en Tibú
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó que, en lo que va del año, seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. Además, 223 firmantes se han desplazado y 19 siguen confinados por amenazas y violencia. Estos datos evidencian el fracaso de las políticas públicas de seguridad y reconciliación en la región.
Fiscalización y propuestas ciudadanas y académicas
La situación reclama respuestas claras y efectivas. Según la politóloga Sandra Fernández de la Universidad Industrial de Santander (UIS), "para enfrentar el control territorial ilegal es fundamental fortalecer la presencia estatal a través de políticas integrales, que incluyan justicia transicional, participación comunitaria y estrategias de reducción de violencia basadas en evidencia".
- Implementar sistemas de alerta temprana con participación comunitaria en zonas vulnerables, como se ha probado con éxito en Medellín.
- Crear corredores humanitarios supervisados por organizaciones internacionales para garantizar acceso y protección a comunidades afectadas.
- Fortalecer el trabajo de las veedurías ciudadanas para monitorear operativos y denunciar incumplimientos del Estado.
En Bucaramanga y el área metropolitana, la ciudadanía y las organizaciones civiles exigen que estas propuestas sean consideradas y que exista un compromiso efectivo del Estado para garantizar protección real y duradera.
¿Continuará el abandono oficial que permite que grupos armados persistan en el Catatumbo y amenacen la seguridad de toda la región? La respuesta debe venir con acciones verificables y rendición de cuentas claras, no solo con anuncios y liberaciones ocasionales.
Contexto adicional: En la última semana, solo en Tibú se registraron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC. La falta de acceso pleno para organismos humanitarios limita la atención a comunidades en emergencia.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, organizaciones humanitarias, voceros de Juntas de Acción Comunal del área metropolitana, expertos independientes de UIS, agencias internacionales y versiones oficiales con análisis crítico.
