Catatumbo: tras liberación, comunidades y víctimas exigen compromiso real del Estado ante secuestros y violencia
Incremento de secuestros y violencia en Catatumbo pone en entredicho control estatal y protección a civiles
NORTE DE SANTANDER — "Aquí nadie garantiza seguridad, vivimos con miedo constante. Mi esposo estuvo cautivo casi un año y aún no vemos cambios reales", afirma doña Alicia Gómez, residente de Tibú, una de las zonas más golpeadas por la violencia del ELN y otros grupos armados ilegales.
Once personas, entre ellas un firmante del Acuerdo de Paz, fueron liberadas tras 10 meses y 16 días de secuestro en la región del Catatumbo. La entrega se dio en manos de organismos internacionales y la Iglesia Católica, pero las críticas aumentan ante la falta de un plan estatal claro que garantice la seguridad y evite que más personas sean privadas de la libertad.
Autoridades locales registraron más de diez desapariciones en Tibú en la última semana, atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, reflejo de un control territorial que mantiene la violencia y la impunidad. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización reporta que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y seis más permanecen desaparecidos en lo que va del año. Además, 19 firmantes permanecen confinados por la violencia, y más de 200 han tenido que desplazarse.
"Los grupos armados controlan las zonas rurales y la débil respuesta estatal nos mantiene en peligro constante. La comunidad exige garantías reales y presencia efectiva del Estado"
— Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
El obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó que las once personas liberadas están en buen estado, pero advirtió sobre el preocupante aumento de secuestros y desapariciones en la región, y la necesidad urgente de atención estatal efectiva.
Fiscalización crítica sobre cifras y acciones estatales
El gobierno asegura que realiza acciones humanitarias y que organismos internacionales mantienen monitoreo en la región, pero no se ha publicado un plan concreto ni cronogramas verificables para garantizar la seguridad a largo plazo. La poca presencia operacional en zonas rurales deja a las comunidades vulnerables y sin protección real.
Propuestas desde expertos y organizaciones civiles
Expertos en seguridad del Observatorio de Derechos Humanos regional proponen:
- Implementación inmediata de rutas seguras con presencia estatal y organismos internacionales para proteger a comunidades vulnerables.
- Creación de mesas de diálogo comunitarias con participación activa de víctimas y firmantes de paz para diseñar estrategias de seguridad ajustadas a la realidad local.
- Fortalecimiento de proyectos de desarrollo rural con enfoque en garantías de derechos para desarticular el control de grupos armados.
La comunidad de la zona, junto con organizaciones de víctimas y veedurías ciudadanas, exige al Estado cumplir con planes claros, con plazos públicos y mecanismos de control ciudadano para evitar que estas liberaciones sean episodios aislados sin impacto real en la seguridad local.
¿Cumplirá el gobierno nacional y departamental con una intervención efectiva, o el Catatumbo seguirá siendo un territorio de violencia, miedo y desplazamiento? La pregunta inquieta a quienes, como Alicia Gómez, solo quieren vivir en paz con sus familias.
Contexto: En lo que va de 2025, más de seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y varios permanecen desaparecidos. La violencia en el Catatumbo continúa pese a presencia gubernamental y monitoreo internacional.
Fuentes consultadas: Víctimas liberadas y afectadas locales, comisión humanitaria regional, vocero de víctimas Olguín Mayorga, monseñor Israel Bravo, Observatorio de Derechos Humanos de Norte de Santander, entidades gubernamentales (ARN), ONG y veedurías ciudadanas.
