Catatumbo sigue secuestrando y asesinando mientras Bucaramanga reclama seguridad real
Secuestros y violencia en Catatumbo impactan al área metropolitana de Bucaramanga sin respuestas efectivas
NORTE DE SANTANDER / ÁREA METROPOLITANA — María López, familiar de una de las once personas liberadas tras once meses secuestradas en el Catatumbo, expresa su preocupación: "Liberaron a unos, pero seguimos con miedo porque el Estado no garantiza seguridad en la región. En Tibú y El Tarra la violencia no cede y nos afecta a todos, incluso a Bucaramanga".
Desde enero de 2025, once personas estuvieron cautivas en la zona del Catatumbo, una región que continúa siendo un foco crítico de violencia y control por grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC. Nueve hombres y dos mujeres, provenientes de Tibú y El Tarra, fueron finalmente liberados después de diez meses y más de dos semanas de cautiverio, una acción coordinada por una misión humanitaria que incluyó a la Cruz Roja, ONU, Iglesia y Defensoría del Pueblo.
La Diócesis de Tibú confirmó que las personas liberadas están en buen estado físico y ya se reunieron con sus familias; aunque entre ellos hay un firmante de los Acuerdos de Paz, sometido a violencia y desaparición forzada, un indicativo de la persistente fragilidad de los compromisos estatales en la región.
Pero mientras se celebran estas liberaciones, representantes de los afectados alertan que la región atraviesa un aumento alarmante de secuestros y desapariciones. En solo la última semana, se reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuidas al ELN y a disidencias de las FARC. Esto ha generado desplazamientos hacia otras zonas, incluida el área metropolitana de Bucaramanga, aumentando la preocupación por la seguridad y estabilidad social.
"Los grupos armados controlan sectores rurales y mantienen el terror. La respuesta del Estado es insuficiente y la inseguridad se extiende más allá del Catatumbo, llegando a nuestro territorio"
— Jorge Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, reportó que en Norte de Santander seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis permanecen desaparecidos durante 2025. Además, 223 firmantes se han desplazado fuera de sus territorios y 19 continúan confinados debido a la violencia, revelando la ineficacia del Estado para protegerlos.
Ante esta crisis, expertos en seguridad y derechos humanos proponen ampliar el acceso humanitario y fortalecer las capacidades locales para garantizar protección. Desde la Universidad Industrial de Santander, el sociólogo y analista Armando Castro sugiere implementar un sistema permanente de monitoreo y denuncia con participación comunitaria activa, complementado con una coordinación real entre fuerzas de seguridad y organismos civiles.
- Creación de rutas seguras de acceso humanitario supervisadas por organizaciones internacionales.
- Implementación de oficinas regionales de atención para víctimas y firmantes de paz, con personal capacitado y presupuesto garantizado.
- Fortalecimiento de mecanismos de vigilancia comunitaria para registrar y denunciar amenazas y desapariciones.
La comunidad organizada en Bucaramanga y municipios vecinos debe exigir a las autoridades departamentales y nacionales una rendición de cuentas clara, con información pública y medidas concretas para frenar la violencia del Catatumbo que tiene efectos en toda la región metropolitana.
¿Cuántas vidas más deberán perderse y desplazarse antes de que la seguridad deje de ser una promesa incumplida para el Catatumbo y sus vecinos en Bucaramanga?
Contexto adicional: En 2025, la región de Catatumbo ha sufrido un incremento en desapariciones y asesinatos de firmantes de paz y civiles. El Estado aún no garantiza condiciones mínimas de seguridad ni acceso humanitario efectivo, pese a anuncios oficiales.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, voceros de víctimas, veedurías regionales, expertos independientes de la UIS, medios locales, organismos internacionales.
