Catatumbo sigue castigado: Liberación de secuestrados no frena ola de violencia con impacto en el área metropolitana de Bucaramanga
Incremento alarmante de secuestros y control territorial ilegal persiste pese a liberación reciente en el Catatumbo
NORTE DE SANTANDER / ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA — María Fernanda Gómez, residente en un barrio de Floridablanca, tiene familiares con secuestro histórico en el Catatumbo y ahora teme por la creciente violencia que también amenaza la seguridad en municipios aledaños. "Liberaron a once personas tras casi 11 meses, pero aquí nadie siente que la violencia pare", afirma con preocupación. Según autoridades locales de Tibú y El Tarra, que conforman esta zona rural en Norte de Santander, el ELN y las disidencias de las FARC continúan imponiendo control territorial, afectando la tranquilidad de miles de familias.
Después de diez meses y dieciséis días, once personas secuestradas desde enero en el Catatumbo fueron liberadas gracias a una comisión humanitaria liderada por la Cruz Roja, Iglesia Católica, ONU y Defensoría del Pueblo. Entre los liberados se encuentra un firmante del Acuerdo de Paz, un detalle que pone en evidencia la vulnerabilidad creciente de quienes deberían estar protegidos tras el acuerdo de 2016.
Sin embargo, a pesar del anuncio oficial, la situación de inseguridad no mejora. Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander, advierte que los grupos armados ilegales siguen controlando amplias zonas rurales y continúan los secuestros y desapariciones en municipios como Tibú, donde solo en la última semana se reportaron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC.
"Estamos cansados de ver a nuestras familias secuestradas y desaparecer sin respuestas claras del Estado. El control armado en el Catatumbo sigue intacto y la región no recibe la atención humanitaria necesaria"
— Luis Alejandro Torres, líder comunitario en Floridablanca con familia afectada por violencia en Catatumbo
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) reporta que en 2025 seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. Pese a esta alarmante crisis, la respuesta estatal en términos de protección y presencia institucional es deficiente, según denuncias de organizaciones humanitarias.
Fiscalización y falta de acceso humanitario en la región
Expertos independientes y organizaciones sociales reclaman un acceso pleno y permanente a la zona rural del Catatumbo para garantizar atención humanitaria, protección de los derechos fundamentales y acompañamiento a las comunidades afectadas. Sin embargo, las negativas o demoras institucionales dificultan cualquier intervención eficaz.
El profesor Juan Camilo Ríos, especialista en resolución de conflictos de la Universidad Industrial de Santander (UIS), advierte que la militarización por sí sola no ha logrado desmontar el control ilegal. Recomienda la implementación de un modelo combinado de presencia comunitaria, fortalecimiento de organizaciones sociales, y diálogo participativo con enfoque en derechos humanos, como estrategias exitosas aplicadas en otras regiones del país.
- Fortalecimiento de veedurías comunitarias para vigilar garantías de seguridad y derechos humanos
- Garantizar acceso total de organismos humanitarios como Cruz Roja y Defensoría del Pueblo para atención rápida y constante
- Impulsar programas de protección y reincorporación efectiva de firmantes de paz con monitoreo independiente
Estas propuestas buscan superar la actual impunidad y desgaste social que mantiene a comunidades como las de Catatumbo y municipios vecinos en constante riesgo.
La comunidad metropolitana y la sociedad santandereana hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que dejen de lado la indiferencia y desplieguen acciones concretas y coordinadas que garanticen la seguridad, justicia y dignidad a las víctimas, por encima de anuncios aislados de liberaciones que no cambian el panorama real.
Contexto adicional: En 2025, seis firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Norte de Santander y otros seis permanecen desaparecidos. Más de 223 firmantes se han desplazado y 19 están confinados por la violencia. Solo en Tibú, se registraron más de diez desapariciones en una semana atribuidas a grupos armados ilegales como ELN y disidencias de las FARC.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios en Floridablanca, voceros de víctimas en Norte de Santander, Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS), organizaciones humanitarias, archivos de medios regionales y locales.
