Catatumbo: once liberados tras secuestro y persistente violencia que afecta a Norte de Santander
Incremento de secuestros y el vacío institucional en el Catatumbo que sigue afectando a municipios fronterizos con Bucaramanga
NORTE DE SANTANDER — Nueve hombres y dos mujeres, manteniéndose cautivos por más de diez meses en zonas rurales del Catatumbo, fueron liberados el pasado mes tras la gestión de una comisión humanitaria. Sin embargo, la calma aparente no es más que un reflejo frágil para las comunidades de Tibú y El Tarra, quienes denuncian que el control armado ilegítimo y los secuestros continúan en aumento en su territorio.
Desde enero de este año, al menos once personas estuvieron en poder del ELN en una región que sigue siendo un foco caliente de la violencia en Norte de Santander. Las liberaciones se dieron luego de una ardua labor de la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, pero el problema estructural permanece sin resolverse.
Organizaciones y víctimas alertan que, además de los secuestros, el control territorial de grupos armados ilegales en sectores rurales limita la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de la población. Solo en la última semana, la Alcaldía de Tibú reportó más de diez desapariciones relacionadas con el ELN y disidencias de las FARC, un signo claro del vacío institucional que afecta la región.
"Seguimos viviendo en una amenaza constante. El Estado no garantiza protección ni acceso humanitario efectivo para quienes habitan el Catatumbo"
— Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que en 2025 seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis continúan desaparecidos en la zona, sumado a un elevado número de desplazamientos forzados vinculados a la violencia armada.
La administración local asegura que trabaja en garantizar la protección de las comunidades y en facilitar el acceso humanitario, pero no se han presentado planes concretos o resultados visibles según denuncias de la población y de expertos en derechos humanos.
Especialistas en seguridad y derechos humanos demandan mayor presencia estatal y participación comunitaria
Expertos independientes de la Universidad Industrial de Santander y organizaciones sociales proponen fortalecer la presencia institucional mediante una estrategia integral que incluya:
- Despliegue coordinado de fuerzas públicas con respeto a derechos humanos y control efectivo de zonas rurales
- Garantías urgentes para la protección de firmantes de paz y comunidades vulnerables
- Acceso pleno y sin restricciones de organizaciones humanitarias para la atención social y de emergencia
Además, plantean la creación de espacios de diálogo permanentes entre Estado, comunidades y veedurías ciudadanas para construir confianza y superar el vacío institucional que ha prevalecido por años.
La comunidad y las víctimas exigen que el gobierno departamental y nacional rindan cuentas claras y establezcan cronogramas públicos de intervención con supervisión independiente para evitar que casos como el reciente secuestro y las desapariciones se sigan repitiendo.
Contexto: La violencia y el secuestro están en aumento en la región del Catatumbo, donde el Estado mantiene un control limitado. Solo en 2025, seis firmantes de paz han sido asesinados y otro número significativo permanece desaparecido o desplazado.
Fuentes consultadas: Víctimas, veedurías regionales, expertos en seguridad y derechos humanos, ONG, informes oficiales, testimonios directos de comunidades afectadas.
