Catatumbo: Liberan secuestrados tras casi 11 meses, pero la violencia y el temor crecen en Norte de Santander
Incremento de secuestros y control armado ilegal en Catatumbo mantienen en vilo a municipios de Norte de Santander
NORTE DE SANTANDER — Luis Gómez, residente de Tibú, relata angustiado cómo la sombra del secuestro se extiende no solo en su municipio sino en cercanías del área metropolitana de Bucaramanga. "Celebramos la liberación de los once que estuvieron casi un año privados de su libertad, pero cada semana desaparece alguien; la inseguridad crece y el Estado parece ausente", expresa con preocupación.
A comienzo de año, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvo secuestradas a once personas —nueve hombres y dos mujeres— de los municipios de Tibú y El Tarra, quienes fueron liberadas tras diez meses y dieciséis días de cautiverio. La entrega fue facilitada por una comisión humanitaria internacional integrada por la Cruz Roja, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Si bien el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó que los liberados llegaron en buen estado y se reunieron con sus familias, la situación de inseguridad en la región continúa agravándose, según denuncian las víctimas y organizaciones civiles.
"Los secuestros y desapariciones son cada vez más frecuentes. El ELN y disidencias de las FARC mantienen control territorial en zonas rurales, y las autoridades locales no garantizan la seguridad ni el acceso humanitario"
— Olguín Mayorga, vocero de víctimas de Norte de Santander
En la última semana se registraron más de diez desapariciones vinculadas con grupos armados ilegales, y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) reportó el asesinato de seis excombatientes firmantes de paz y la desaparición de otros seis durante 2025. Además, 223 excombatientes han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados debido a la violencia persistente.
Desde organismos defensores de derechos humanos se insiste en que la presencia estatal es insuficiente y que la falta de acceso pleno a la región dificulta la atención a las comunidades afectadas, situación que persiste desde años atrás sin soluciones efectivas.
La versión oficial asegura mejoras, pero las comunidades cuestionan
El Gobierno Nacional asegura que ha fortalecido la labor de las fuerzas públicas y que la entrega de los secuestrados es un paso positivo hacia la estabilización. Sin embargo, expertos en seguridad y líderes sociales desconfían de estas afirmaciones y denuncian que el control armado ilegal continúa intacto, con un impacto directo en la seguridad del área metropolitana y municipios vecinos.
El exconcejal de Bucaramanga, Javier Herrera, manifestó: "Las medidas anunciadas no han sido suficientes. Mientras el Estado no garantice una política de seguridad integral y participación comunitaria, seguiremos con los mismos problemas en la región; los secuestros y desplazamientos no son casos aislados."
Fiscalización ciudadana urge respuesta efectiva
Organizaciones de derechos humanos y veedurías locales exigen mayor transparencia y seguimiento real a los compromisos de seguridad y protección de las comunidades. Solicitan acceso irrestricto para misiones humanitarias y acciones públicas con resultados medibles.
Expertos proponen medidas concretas para enfrentar la violencia
La académica Sandra Restrepo, investigadora en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS), recomienda implementar un modelo de seguridad participativa que incluya:
- Comités comunitarios integrados por víctimas y autoridades para denunciar y prevenir hechos violentos.
- Despliegue efectivo y continuo de fuerzas públicas con enfoque territorial y respeto a derechos humanos.
- Programas de atención y protección integral para excombatientes en proceso de reincorporación.
Además, destaca la experiencia de Medellín, donde la incorporación de actores locales en la estrategia de seguridad redujo en un 30% los índices de violencia en zonas antes controladas por grupos armados.
La comunidad del Catatumbo y el área metropolitana de Bucaramanga exigen que dichas propuestas sean implementadas con urgencia, y no sean solo discursos gubernamentales vacíos.
¿Hasta cuándo seguirán las promesas incumplidas y la ausencia estatal en uno de los territorios más afectados por la violencia en Santander?
Contexto adicional: El incremento de secuestros y desapariciones en 2025 en la zona rural de Norte de Santander refleja la persistencia de control armado ilegal, afectando la seguridad de municipios como Tibú, El Tarra y la influencia indirecta en el área metropolitana de Bucaramanga.
Fuentes consultadas: Voceros de víctimas en Norte de Santander, veedurías locales, expertos en seguridad de la UIS, organismos humanitarios, fuentes oficiales del Gobierno Nacional.
