Catatumbo: Liberación tras casi 11 meses de secuestro pero violencia sigue sin control; Santander exige seguridad real
Secuestros y violencia obligan a miles a desplazarse; área metropolitana de Bucaramanga reclama atención urgente
BUCARAMANGA – TIBÚ — María Luisa Gómez, residente en Floridablanca, teme por la seguridad de sus familiares en el Catatumbo. "Nos alegra la liberación, pero sabemos que la violencia no para, y aquí en Santander el temor crece por las consecuencias de esos grupos armados", expresa. Once personas que estaban secuestradas desde enero por el ELN en la zona rural de Tibú y El Tarra fueron liberadas luego de casi 11 meses de cautiverio; sin embargo, las amenazas, desapariciones y asesinatos persisten en esta región limítrofe con nuestra área metropolitana.
La liberación se realizó gracias a una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, que recibió a nueve hombres y dos mujeres residentes de Tibú y El Tarra. Sin embargo, este acto no soluciona el problema estructural: los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC mantienen control sobre sectores rurales, generando un clima de inseguridad que afecta directamente a la región de Santander y su área metropolitana.
En lo que va del año, según reportes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en Norte de Santander, seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos, mientras que 223 firmantes se han desplazado y 19 continúan confinados por la violencia. Solo en la última semana, autoridades locales han contabilizado más de diez desapariciones en Tibú atribuidas principalmente al ELN y disidencias de las FARC.
"La inseguridad en el Catatumbo es una herida abierta que sentimos también en Bucaramanga y sus alrededores. Exigimos un plan de seguridad integral que incluya controles reales en la frontera rural para proteger a nuestras familias y evitar más desplazamientos"
— Alejandro Rincón, líder comunitario en Floridablanca
Voceros de las víctimas, organismos humanitarios y veedurías ciudadanas han alertado sobre la gravedad del control territorial ilegal y el impacto en la seguridad ciudadana. A pesar de los reiterados llamados, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a los patrones de violencia, secuestros y desapariciones que afectan directamente a sectores vulnerables en el Catatumbo y, por ende, al área metropolitana de Bucaramanga.
Según la Defensoría del Pueblo, el acceso a la región debe ser garantizado y facilitado para las organizaciones humanitarias, a fin de atender a las comunidades afectadas sin intermediaciones de grupos armados ilegales.
Soluciones desde la sociedad civil y expertos
El Instituto de Estudios Regionales de la UIS señala que para enfrentar la inseguridad en el Catatumbo se debe fortalecer un modelo de seguridad integral que incluya:
- Implementación de redes comunitarias de alerta temprana en zonas rurales, con participación directa de la comunidad y apoyo tecnológico.
- Coordinación interinstitucional entre autoridades de Santander y Norte de Santander para control efectivo de los corredores de movilidad entre el Catatumbo y Bucaramanga.
- Programas de atención socioeconómica y de reintegración para áreas afectadas por la violencia, enfocados en la prevención del reclutamiento ilegal y el fortalecimiento comunitario.
La Junta de Acción Comunal de Girón también ha solicitado espacios de diálogo abiertos con la Fiscalía y la Defensoría para garantizar un acompañamiento efectivo a las víctimas y sus familias.
Mientras tanto, comunidades del área metropolitana vigilan con preocupación la evolución de la violencia en el Catatumbo y exigen a las autoridades locales y nacionales una rendición de cuentas clara y acciones concretas que garanticen la tranquilidad y seguridad de la región.
Contexto adicional: Desde inicios de 2025, el Catatumbo registra un incremento en secuestros y desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC. El ARN reporta que 19 firmantes de paz permanecen confinados y más de 220 han sido desplazados de la región por violencia directa. La inseguridad impacta no solo a Norte de Santander, sino también a Bucaramanga y su área metropolitana por los desplazamientos y el miedo creciente.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios en Floridablanca y Girón, Veeduría Ciudadana Santander, Defensoría del Pueblo, Organizaciones Humanitarias, Instituto de Estudios Regionales UIS, Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
