Catatumbo: Liberación tras 10 meses de secuestro, pero violencia no cesa y vecinos exigen seguridad
El ELN libera a 11 víctimas tras más de 10 meses de cautiverio, mientras aumentan desapariciones y la región sigue sin garantías
NORTE DE SANTANDER — María Fernanda*, habitante de Tibú, cuenta que la liberación de 11 personas secuestradas por el ELN después de más de diez meses de cautiverio es una noticia auspiciosa pero insuficiente para una región que vive en zozobra. "Mi familia y la comunidad siguen con miedo porque los secuestros y desapariciones siguen ocurriendo, y nadie responde con medidas efectivas", reclama.
La Comisión Humanitaria integrada por la Cruz Roja, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo recibió a las 11 personas liberadas, nueve hombres y dos mujeres de los municipios de Tibú y El Tarra. Tras diez meses y 16 días de cautiverio, según fuentes eclesiásticas, las víctimas llegaron en buen estado y se reencontraron con sus familias, entre ellos un firmante del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, mientras el ELN realiza esta liberación, las denuncias sobre secuestros, desapariciones y asesinatos en la región no cesan. La semana pasada, las autoridades locales reportaron más de diez casos de desapariciones atribuidas al ELN y a disidencias de las FARC en Tibú, reflejando el control territorial que estos grupos armados mantienen en las zonas rurales.
"Es preocupante que después de liberar a estas personas, la violencia no disminuya y muchas comunidades sigan tomadas por el miedo y el control de grupos ilegales. El Estado no ha cumplido con garantizar nuestra seguridad"
— Gustavo Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados en lo que va del año y otros seis permanecen desaparecidos. Además, 223 firmantes se han desplazado y 19 permanecen confinados debido a la violencia persistente.
Críticas a la ausencia efectiva del Estado
Organizaciones sociales y veedurías regionales advierten que el incremento de secuestros refleja la incapacidad o negligencia del Estado para controlar a los grupos armados ilegales que continúan ejerciendo control en territorios rurales cercanos al área metropolitana de Bucaramanga.
El politólogo y analista de conflictos, Dr. Juan Camilo Reyes, de la Universidad Industrial de Santander, señala que "sin una presencia estatal fortalecida y políticas integrales de desarrollo rural con enfoque en seguridad, estas regiones seguirán siendo caldo de cultivo para la violencia".
Soluciones desde la sociedad civil y expertos independientes
Diversas ONGs y académicos proponen fortalecer la participación comunitaria en esquemas de seguridad con acompañamiento estatal y mejorar la articulación entre entidades nacionales y locales para garantizar derechos y protección efectiva.
- Implementar Comités Locales de Seguridad con la participación activa de las Juntas de Acción Comunal y líderes indígenas, fortaleciendo sus capacidades.
- Incrementar la presencia y recursos de fuerzas policiales especializadas en zonas rurales conflictivas, bajo supervisión ciudadana.
- Promover proyectos de desarrollo rural alternativo que reduzcan la influencia de grupos armados ilegales incentivando opciones económicas legales.
La comunidad de Tibú y El Tarra ha pedido reiteradamente a las autoridades departamentales y nacionales que permitan el acceso pleno a las regiones afectadas para que las organizaciones humanitarias puedan atender a las poblaciones vulnerables.
¿Logrará el Estado garantizar seguridad real y acabar con el control territorial del ELN y otros grupos armados ilegales que mantiene a las comunidades en miedo y zozobra?
Contexto adicional: En lo que va del año, 6 excombatientes firmantes de paz asesinados, 6 desaparecidos, y más de diez casos de desaparición reportados solo en la última semana en Tibú. Organismos humanitarios llaman a garantizar acceso pleno para atender a las víctimas.
Fuentes consultadas: Víctimas afectadas, voceros regionales, ONG, expertos de la UIS, comisión humanitaria, y fuentes oficiales de ARN.
