Catatumbo: Liberación de secuestrados no frena ola de violencia que afecta a Norte de Santander
El control de grupos armados y secuestros aumentan mientras la región sigue sin garantías para las comunidades
TIBÚ/NORTE DE SANTANDER — Mercedes López, hermana de uno de los liberados tras casi 11 meses de cautiverio por el ELN en Catatumbo, expresa el alivio, pero también la incertidumbre que persiste en su municipio. "La liberación es un respiro, pero vivimos con miedo constante. Los secuestros y desapariciones aumentan y nadie controla realmente el territorio rural", afirma desde el barrio José Antonio Galán en Tibú.
La liberación de once personas retenidas por el ELN desde enero de este año tras 10 meses y 16 días de cautiverio es recibida con esperanza, pero también con preocupación por la profundización del ciclo de violencia que experimenta la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
La comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo confirmó que entre los liberados hay un excombatiente firmante del Acuerdo de Paz. Sin embargo, representantes regionales alertan que el incremento de secuestros, desapariciones y el control territorial por grupos armados fuera de la ley, como el ELN y disidencias de las FARC, mantienen a la población bajo amenaza constante.
Olguín Mayorga, vocero de víctimas en la región, advierte que "la seguridad en municipios como Tibú y El Tarra está en caída libre. La presencia estatal es insuficiente y las comunidades rurales quedan a merced de actores armados que imponen sus reglas".
"Nos liberaron a mis hermanos, pero no a la paz ni a la seguridad. Seguimos rezando para que no sean las últimas familias en pasar por este calvario"
— Mercedes López, familiar de los liberados en Tibú
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados en la región este año y otros seis permanecen desaparecidos. Además, 223 firmantes se han desplazado y 19 están confinados, víctimas de la violencia que dificulta los procesos de reintegración y reconciliación.
Fiscalización y respuestas insuficientes
A pesar de los anuncios humanitarios y la liberación, las autoridades no garantizan el acceso pleno y seguro para atender la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades afectadas. La falta de control en las zonas rurales y la persistencia de grupos armados evidencian una falla estructural en la seguridad del departamento.
Propuestas desde expertos y la sociedad civil
Expertos en derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) han propuesto la implementación de planes integrales de seguridad con enfoque territorial, que incluyan la participación activa de las comunidades, veedurías ciudadanas y un acompañamiento internacional efectivo para monitorear el respeto a los derechos en la región.
- Fortalecimiento de las instituciones locales con recursos especiales para el Catatumbo
- Garantía de acceso humanitario sin restricciones para ONGs y agencias internacionales
- Creación de espacios de diálogo con la participación de excombatientes, comunidades y el Estado para desescalar el conflicto
Asimismo, organizaciones regionales exigen rendición de cuentas claras y acciones concretas para no seguir siendo víctimas de un conflicto que parece olvidado por el Estado.
¿Cuándo dejarán de ser las familias del Catatumbo rehenes de la violencia? Los habitantes exigen que la paz y la seguridad sean más que palabras en los discursos oficiales y que se traduzcan en hechos concretos y medibles.
Contexto adicional: El Catatumbo ha registrado un aumento alarmante de secuestros y desapariciones en los últimos meses, con más de diez casos recientes confirmados solo en Tibú. La impunidad y el control territorial armado limitan la capacidad estatal para garantizar seguridad y atención humanitaria.
Fuentes consultadas: Familiares de liberados, víctimas regionales, Agencia de Reincorporación y Normalización, expertos en derechos humanos de la UIS, veedurías ciudadanas. Autoridades contactadas sin respuesta a cuestionamientos sobre inseguridad.
