Catatumbo: liberación de secuestrados no detiene ola de violencia que afecta también al área metropolitana de Bucaramanga
Secuestros crecen y violencia persiste en Catatumbo mientras familias de Bucaramanga viven la angustia del desplazamiento y la inseguridad
BUCARAMANGA/CATATUMBO — "Mis dos hermanos desaparecieron hace meses y hasta hoy no sabemos dónde están", relata Juan Carlos, víctima indirecta de la violencia que continúa expandiéndose desde el Catatumbo al área metropolitana de Bucaramanga. Aunque el ELN liberó este mes a once personas tras más de diez meses de cautiverio, el problema de los secuestros y desapariciones se agudiza y la inseguridad no da tregua.
Once personas, entre hombres y mujeres residentes en Tibú y El Tarra, fueron entregadas a una misión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Aunque el obispo de Tibú confirmó que los liberados llegaron en buen estado, no se reduce la preocupación por la creciente ola de secuestros y desapariciones en Catatumbo.
Las cifras oficiales contrastan con la percepción y el dolor de la comunidad. Solo en la última semana, más de diez desapariciones fueron registradas en Tibú, atribuidas al ELN y disidencias de las FARC. Juan Carlos, que tiene familia desplazada hacia municipios del área metropolitana de Bucaramanga, señala que "el Estado parece ausente, mientras los grupos armados mantienen control territorial en zonas rurales y amplían su influencia".
"La liberación es un alivio, pero no queremos solo anuncios. Exigimos presencia efectiva del Estado para garantizar la seguridad y evitar que más familias terminen desplazadas o desaparecidas"
— Carolina Gómez, líder comunitaria en Floridablanca
Organizaciones sociales y de víctimas denuncian que la situación es crítica. En lo que va del año, seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que 223 firmantes se han desplazado y 19 siguen confinados a causa de la violencia.
El Distrito Metropolitano y el Gobernador de Santander han demostrado incapacidad para coordinar acciones integrales que frenen el impacto regional de la violencia que brota del Catatumbo hacia municipios vecinos como Girón, Floridablanca y Piedecuesta.
Fiscalización de datos y contexto real
La Defensoría del Pueblo y la ONU han reiterado solicitudes para acceso pleno y sin restricciones humanitarias a la región, pero aún quedan obstáculos que impiden la atención efectiva a las comunidades afectadas. La falta de rutas seguras también limita el apoyo a desplazados que llegan a la zona metropolitana.
Propuestas desde expertos y comunidad
Expertos en derechos humanos de la UIS y organizaciones locales sugieren:
- Establecimiento de corredores humanitarios garantizados por el Estado para permitir la atención urgente.
- Fortalecimiento del sistema de alerta temprana y presencia policial en corredores urbanos y rurales que comunican Catatumbo con área metropolitana.
- Creación de espacios de diálogo con comunidades afectadas para diseñar planes de seguridad y desarrollo, asegurando la participación directa.
La comunidad exige que las instituciones públicas definan compromisos claros con plazos verificables, con veeduría ciudadana para garantizar transparencia y cumplimiento real.
¿Cuánto tiempo más seguirán las familias de la región y del área metropolitana de Bucaramanga sufriendo el miedo y la desaparición sin respuestas efectivas del Estado? La ciudadanía reclama acción urgente, no solo liberaciones simbólicas.
Contexto adicional: En lo que va del año, seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. La presencia y control de grupos armados ilegales sigue siendo fuerte en zonas rurales de Norte de Santander, con impacto también en municipios del área metropolitana.
Fuentes consultadas: Víctimas y familiares afectadas del área metropolitana, veedurías ciudadanas de Norte de Santander, expertos independientes en derechos humanos, informes de la Defensoría del Pueblo y ONU.
