Catatumbo: liberación de secuestrados no detiene ola de violencia que afecta también a Santander

Incremento de secuestros y control armado ilegal en Catatumbo pone en alerta a Santander y su área metropolitana

CATATUMBO/NORTE DE SANTANDER — Gloria Jiménez, residente de un municipio cercano al área metropolitana de Bucaramanga, vive con temor creciente desde hace meses. "Los secuestros y desapariciones en el Catatumbo afectan también la seguridad de todos; aquí en Santander sentimos que la violencia se estrecha cada vez más", asegura esta líder social de Piedecuesta.

Once personas que permanecieron secuestradas desde enero de este año en municipios como Tibú y El Tarra, en el Catatumbo, fueron liberadas tras una gestión humanitaria. Nueve hombres y dos mujeres, entre ellos un firmante del Acuerdo de Paz, fueron entregados a una misión integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la liberación no detiene una realidad cada vez más preocupante: el aumento de secuestros, desapariciones y control territorial de grupos armados ilegales en esta zona fronteriza con Santander, que impacta la seguridad ciudadana de todo el oriente colombiano y el área metropolitana de Bucaramanga.

Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, denuncia que "los grupos armados manteniendo el control ilegal en amplias zonas rurales generan un estado de terror constante, que no solo afecta a las víctimas directas sino a toda la ciudadanía cercana".

Solo en la última semana, las autoridades locales reportaron más de diez desapariciones en Tibú, atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, un fenómeno que ha ido en aumento pese a las promesas estatales de garantizar la paz y la seguridad en la región.

"Aquí vivimos con miedo. Aumentan los secuestros, y seguimos sin ver una acción contundente del Estado que nos garantice protección real"

— Gloria Jiménez, líder social en Piedecuesta

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que en lo que va del año seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis desaparecidos en Norte de Santander, mientras 223 firmantes han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados por la violencia.

Fiscalización y crítica a los incumplimientos estatales

A pesar de los reiterados anuncios oficiales para controlar la violencia, la realidad sobre el terreno muestra un crecimiento constante de hechos violentos. Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) señalan que las estrategias de seguridad adoptadas han sido insuficientes y fragmentadas, sin un plan integral que involucre a las comunidades locales.

Las organizaciones humanitarias y veedurías ciudadanas exigen acceso pleno a la región para atender a las comunidades afectadas y promover procesos de diálogo efectivos que permitan desescalar el conflicto.

Propuestas desde la academia y sociedad civil

Expertos en paz y seguridad de la UIS proponen un enfoque regional coordinado que incluya:

• Fortalecimiento de guardias comunitarios con apoyo técnico, como modelo probado en algunas zonas rurales de Antioquia.
• Implementación de mesas locales de diálogo permanente con presencia del Estado y representantes de víctimas, para construir confianza y desescalar tensiones.
• Creación de corredores humanitarios seguros coordinados por organismos internacionales para proteger a civiles y permitir el acceso de ayuda.

La comunidad del área metropolitana de Bucaramanga exige que las autoridades departamentales y nacionales rindan cuentas claras sobre las medidas que tomarán para detener la inseguridad que nos afecta a todos, y que no repitan la historia de incumplimientos y promesas vacías.

¿Cómo se garantizará la seguridad y reparación real a las víctimas en el Catatumbo y qué acciones inmediatas tomarán para evitar que la violencia se siga extendiendo hacia Santander y su área metropolitana?

Contexto adicional: El Catatumbo ha visto un aumento sistemático de secuestros y violencia armada en 2025, con víctimas que incluyen excombatientes y comunidades civiles. Los controles armados ilegales persisten pese a múltiples promesas gubernamentales. El área metropolitana de Bucaramanga registra creciente inseguridad indirecta por esta situación.

Fuentes consultadas: Voces de líderes sociales en Piedecuesta, víctimas y veedurías de Norte de Santander, expertos de la UIS, informes de la ARN y organizaciones humanitarias.