Catatumbo: Liberación de once secuestrados no apaga la creciente inseguridad que afecta a Tibú y El Tarra
Secuestros y desapariciones aumentan en el Catatumbo; comunidad exige garantías reales y atención humanitaria
TIBÚ/EL TARRA — "Nos liberaron, pero la inseguridad no se ha ido", dice Juan Carlos*, habitante de El Tarra, tras la liberación de once personas secuestradas desde enero por el ELN. La entrega, que se realizó después de 10 meses y 16 días de cautiverio, no oculta la crisis de seguridad que persiste en la región y que afecta a cientos de familias en la zona rural de estos municipios vecinos a Bucaramanga.
Según informes de organismos humanitarios y eclesiásticos, el ELN mantiene control territorial en sectores rurales del Catatumbo y la violencia se ha agudizado en los últimos meses. Solo la última semana, las autoridades reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuibles al ELN y a disidencias de las FARC, evidenciando la desprotección que padecen los habitantes.
Monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú, confirmó que las personas liberadas se encuentran en "buen estado", pero alertó sobre la necesidad de mayor protección para las comunidades. Entre los liberados figura un firmante del Acuerdo de Paz, vulnerabilidad que no ha sido atendida de forma efectiva.
"La sensación de libertad es efímera cuando sabemos que nuestros vecinos pueden ser los próximos secuestrados. Exigimos presencia estatal real y acceso humanitario pleno"
— Líder comunitario de Tibú
Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander, señaló que la falta de seguridad y presencia institucional permite que los grupos armados ilegales sigan ejerciendo control fuera de la ley, con graves afectaciones para la seguridad ciudadana y la estabilidad social.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que seis firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos en lo que va del año en la región. Además, 223 desplazados y 19 confinados evidencian la crisis humanitaria y el fracaso de las políticas de reincorporación y protección.
La alcanza la Comisión Humanitaria y comunidades exigirán mayor acceso y mecanismos de control
Organizaciones sociales y humanitarias demandan libre acceso para todas las entidades que buscan proteger y atender a la población afectada. La negativa o falta de garantías por parte de los grupos armados ha impedido acciones efectivas y coordinación para un apoyo integral.
- Implementar corredores humanitarios seguros para la atención médica y social.
- Fortalecer la presencia de la policía y fuerzas militares con enfoque en derechos humanos.
- Crear espacios de diálogo con comunidades y veedurías independientes para monitorear la seguridad y la atención.
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander coinciden en la necesidad de diseñar estrategias integrales de protección basadas en la experiencia de otras regiones que han reducido la violencia con participación comunitaria y seguimiento internacional.
¿Garantizará el Estado la seguridad y libertad de las comunidades rurales de Catatumbo o continuarán como territorios abandonados a la violencia? La voz ciudadana insiste en transparencia, resultados verificables y compromiso real de las autoridades.
Contexto adicional: En lo que va del año, aumentan los secuestros y desapariciones atribuidos al ELN y disidencias de las FARC en Tibú y El Tarra. La ARN reporta asesinatos, desplazamientos y confinamientos de firmantes de paz, indicando la crisis humanitaria.
Fuentes consultadas: Comisión humanitaria, Iglesia Católica, Junta de Acción Comunal, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, expertos académicos, testimonios ciudadanos.
