Catatumbo: Liberación de once cautivos despierta alarma por aumento de secuestros y violencia que impacta en Norte de Santander y Bucaramanga

Incremento de secuestros y ausencia estatal perpetúan crisis humanitaria en Catatumbo y afectan la seguridad en Bucaramanga

NORTE DE SANTANDER/BUCARAMANGA — Neiva Gómez, madre de una de las personas secuestradas en Tibú, cuenta que su angustia se prolongó más de diez meses sin certezas ni respuestas claras de las autoridades. "Saber que mi hija estaba en cautiverio y que nadie garantizaba su liberación nos volvió a todos vulnerables", relata desde el barrio San Alonso en Bucaramanga, donde vive junto a su familia desplazada por la violencia.

El pasado 18 de noviembre, once personas que permanecieron secuestradas desde enero en la zona del Catatumbo fueron liberadas, informó una comisión humanitaria compuesta por la Cruz Roja, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, esta entrega no disimula la creciente crisis de inseguridad que afecta no solo a los municipios de Tibú y El Tarra, sino que tiene repercusiones directas en la seguridad del área metropolitana de Bucaramanga.

Organizaciones sociales y víctimas alertan que el ELN y disidencias de las FARC mantienen control territorial en sectores rurales, limitando el acceso estatal y afectando gravemente a la comunidad. Solo en la última semana, autoridades locales reportaron más de diez desapariciones, muchas atribuidas a estos grupos armados, alimentando una espiral de miedo y desplazamientos forzados.

"Nos prometen liberaciones, pero la realidad es que cada semana desaparecen nuevas personas. La inseguridad del Catatumbo ya no es problema lejano, es la amenaza que sentimos en casas de Bucaramanga y su área metropolitana"

— Neiva Gómez, familiar de víctima y residente desplazada en Bucaramanga

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados en el departamento este año, y otros seis permanecen desaparecidos. La violencia y la falta de garantías ponen en riesgo la estabilidad territorial y el proceso de paz que debería atenderse con prioridad desde las instituciones nacionales y departamentales.

La administración local asegura que ha fortalecido los mecanismos de protección y presencia institucional, pero los datos y testimonios ponen en evidencia que las estrategias siguen siendo insuficientes y desarticuladas ante la complejidad del conflicto armado en la región.

La ONG regional Horizonte Seguro cuestiona la falta de acceso pleno a las comunidades afectadas y la poca transparencia en los informes oficiales. "Es urgente que las autoridades abran corredores humanitarios efectivos y garanticen la atención a víctimas y desplazados", señalaron sus voceros.

Expertos en seguridad y derechos humanos proponen medidas concretas

El politólogo santandereano Jorge Díaz, de la Universidad Industrial de Santander, recomienda un enfoque integral en la región que incluya:

• Fortalecimiento de redes comunitarias de vigilancia y denuncia en municipios vulnerables.
• Coordinación interinstitucional entre Fuerzas de Seguridad, Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias para garantizar protección efectiva.
• Implementación de proyectos de desarrollo social que reduzcan la influencia de grupos armados en zonas rurales.

Además, la sociedad civil del área metropolitana exige mayor presencia estatal con recursos transparentes y mecanismos de vigilancia ciudadana que aseguren que las promesas no se queden en discursos.

¿Podrá el Estado garantizar la seguridad y la paz real en zonas tan afectadas y evitar que la violencia del Catatumbo se traslade con más fuerza al área metropolitana de Bucaramanga? La comunidad exige respuestas y acciones concretas con plazos verificables.

Contexto adicional: En lo que va del año 2025, Norte de Santander ha registrado un aumento significativo de secuestros, asesinatos de excombatientes y desplazamientos, con más de diez desapariciones recientes solo en Tibú. La falta de acceso humanitario completo y de presencia estatal efectiva agrava la crisis.

Fuentes consultadas: Víctimas y familiares, comisión humanitaria, organizaciones sociales locales, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ONG Horizonte Seguro, expertos en seguridad de la UIS. La administración local fue contactada, pero no entregó respuestas oportunas.