Catatumbo: familias de Tibú exigen fin de secuestros tras liberación que no oculta inseguridad
Incremento de secuestros y control armado ilegal mantienen en zozobra al Catatumbo
TIBÚ — Doña Ana Gómez, residente del municipio de Tibú, no encuentra tranquilidad pese a la reciente liberación de once personas secuestradas por el ELN. "Cada semana desaparece alguien más, y las autoridades parecen ausentes, sin acciones concretas para protegernos", denuncia con preocupación. En esta zona del Catatumbo, el secuestro y las desapariciones atribuidas a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC continúan afectando a cientos de familias.
Luego de diez meses y dieciséis días de cautiverio, el ELN liberó a nueve hombres y dos mujeres residentes en municipios como Tibú y El Tarra. La entrega fue realizada a una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo. Aunque la Iglesia confirmó que llegaron en buen estado, la liberación no oculta la alarmante escalada de violencia en la región.
El obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó la llegada de los liberados y resaltó que entre ellos figura un firmante del Acuerdo de Paz. Pese a esto, organizaciones regionales y víctimas advierten que el control territorial de grupos armados ilegales sigue firme en sectores rurales, lo que mantiene en riesgo constante la seguridad y la vida de los habitantes.
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, alerta sobre el aumento de desapariciones y secuestros. Solo en la última semana, las autoridades locales reportaron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC en Tibú. Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en 2025 seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis siguen desaparecidos.
"No es suficiente que liberen personas si la violencia y el secuestro siguen aterrorizando a nuestras familias. Exigimos presencia real de las autoridades y garantías de seguridad inmediatas"
— Doña Ana Gómez, habitante de Tibú
Las organizaciones humanitarias y representantes de las víctimas cuestionan la falta de acceso pleno a la región para atender adecuadamente a las comunidades afectadas, denunciando además que los grupos armados continúan operando sin castigo visible y con escasa intervención estatal efectiva.
Fiscalización y fiscalizadores independientes exigen medidas concretas
Expertos en seguridad y derechos humanos, como la académica Diana Londoño de la UIS, señalan que la persistencia de este tipo de violencia responde a una débil presencia institucional, falta de políticas efectivas de protección y una insuficiente estrategia de desarme y reincorporación.
Además, se exige que el gobierno regional y nacional abran canales directos para garantizar acceso permanente y sin restricciones a las organizaciones humanitarias que operan en el Catatumbo, con el fin de atender a las víctimas y generar confianza. La experiencia positiva de programas de seguridad comunitaria en Medellín y Cali puede servir de modelo para esta región, apostilló Londoño.
- Mecanismos de vigilancia comunitaria con participación activa de las Juntas de Acción Comunal.
- Implementación de rutas seguras y asistencia jurídica para víctimas y desplazados.
- Programas sostenibles de reincorporación y protección de firmantes de paz basados en modelos verificables.
La comunidad y organizaciones sociales insisten en la necesidad de establecer cronogramas públicos claros, supervisión ciudadana y sanciones efectivas para quienes incumplan los compromisos de seguridad en la región.
¿Estarán las autoridades dispuestas a asumir la responsabilidad de proteger a estas comunidades o seguirán siendo espectadores de la violencia en el Catatumbo? La pregunta queda abierta mientras las familias como las de Tibú esperan respuestas.
Contexto adicional: En lo que va del año, seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos en Norte de Santander. La violencia en el Catatumbo está ligada a la presencia del ELN y las disidencias de las FARC, que mantienen control territorial en varios sectores rurales.
Fuentes consultadas: Habitantes de Tibú, vocero de víctimas Olguín Mayorga, agencias humanitarias, expertos independientes de la UIS, representantes de la Iglesia Católica, Agencia para la Reincorporación y Normalización.
