Catatumbo en crisis: vecinos denuncian inseguridad pese a liberación de secuestrados del ELN
Incremento de secuestros y control armado en Catatumbo pone en riesgo seguridad y derechos fundamentales
NORTE DE SANTANDER - CATATUMBO — María Gómez, habitante de El Tarra, denuncia que la violencia y los secuestros en la región no dan tregua. "Cada día vivimos con miedo, porque el Estado no garantiza nuestra seguridad y los grupos armados siguen imponiendo su control", explica. Durante diez meses once personas permanecieron secuestradas por el ELN en esta zona, solo hasta esta semana se produjo su liberación, aunque la crisis humanitaria continúa latente.
La liberación de nueve hombres y dos mujeres, residentes en Tibú y El Tarra, fue gestionada por organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, la ONU y la Defensoría del Pueblo después de más de diez meses de cautiverio. Sin embargo, este acto humanitario no oculta un panorama alarmante: el aumento sostenido de secuestros y desapariciones en el Catatumbo, bajo el dominio de grupos armados ilegales.
Monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú, confirmó que los liberados están en buen estado y reunidos con sus familias, pero no abordó la crítica fundamental: ¿qué acciones concretas ha tomado la administración para evitar el crecimiento de este tipo de violencia?
Mientras tanto, las autoridades locales reportan más de diez desapariciones en Tibú solo en la última semana, atribuidas al ELN y a disidencias de las FARC. Además, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) indica que seis firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos en el departamento durante este año.
"El miedo es nuestro compañero diario. No basta con liberar personas, necesitamos que el Estado garantice la seguridad para vivir en paz y justicia"
— José Martínez, líder comunitario de Tibú
Organismos de víctimas y expertos independientes cuestionan la débil presencia del Estado en la zona y señalan que los grupos armados mantienen control territorial en sectores rurales, lo que limita el acceso humanitario y vulnera derechos básicos de la población.
Según informes revisados, la estrategia de seguridad en la región ha incumplido metas y no ha logrado reducir los índices de violencia desde 2023. La falta de acceso pleno de organismos humanitarios agrava la crisis, lo que ha sido señalado por veedurías ciudadanas y organismos de derechos humanos.
Propuestas desde la academia y la sociedad civil
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan fortalecer la presencia estatal con un enfoque multisectorial que incluya:
- Implementación inmediata de corredores humanitarios con acompañamiento internacional para asegurar el acceso seguro de ayuda.
- Creación de mesas de diálogo territorial que involucren a comunidades, víctimas y organizaciones de derechos humanos para diseñar acciones de prevención efectivas.
- Desarrollo de planes integrales de seguridad comunitaria con participación activa de la ciudadanía y controles transparentes.
La comunidad de la zona exige, además, apoyos psicológicos y sociales permanentes para las víctimas y sus familias, así como rendición de cuentas clara y periódica sobre las medidas adoptadas.
¿Responderá el gobierno a esta emergencia humanitaria o permitirá que la violencia siga cobrándose vidas y derechos en zonas cercanas a Bucaramanga? Los habitantes del Catatumbo demandan acciones concretas y transparencia en la gestión.
Contexto adicional: En 2025, seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y seis más permanecen desaparecidos en Norte de Santander. Organismos señalaron que 223 firmantes se desplazaron y 19 continúan confinados debido a la violencia.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios, víctimas, veedurías ciudadanas, Universidad Industrial de Santander, ONG humanitarias, fuentes oficiales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
