Catatumbo en crisis: liberación de secuestrados no oculta la persistente inseguridad que afecta a Norte de Santander y su área metropolitana
Incremento de secuestros y violencia en Catatumbo pone en jaque la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga
NORTE DE SANTANDER/BUCARAMANGA — Habitantes de Tibú y El Tarra viven con miedo constante. Claudia Romero, madre de uno de los jóvenes liberados tras diez meses de secuestro por el ELN, denuncia que el Estado no garantiza la protección mínima en una región donde prevalece el control territorial de grupos armados ilegales que afectan la seguridad ciudadana. "No es solo un secuestro, es la violencia que viene con estos grupos y que también impacta a nuestra región«, señala angustiada.
La liberación de once personas secuestradas en enero del 2025 por el ELN en la zona del Catatumbo, confirmó la Diócesis de Tibú, aunque no se menciona la ausencia prolongada de respuestas efectivas de las autoridades para frenar la escalada de violencia y secuestros. Nueve hombres y dos mujeres, entre ellos un firmante del Acuerdo de Paz, fueron entregados tras 10 meses y 16 días a una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la ONU, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.
El obispo Israel Bravo afirmó que los liberados están en buen estado, sin embargo, esto contrasta con un preocupante aumento de secuestros y desapariciones en la región que afecta a municipios clave como Tibú, donde solo en la última semana las autoridades reportaron más de diez desapariciones atribuibles a ELN y a disidencias de las FARC.
"El miedo no se va con una sola liberación. Seguimos viviendo bajo amenaza y con la sensación de que el Estado es incapaz de garantizar nuestra seguridad"
— José Martínez, líder comunal en Tibú
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas, advierte que los grupos insurgentes mantienen control sobre sectores rurales, perpetuando la zozobra y crisis humanitaria que se extiende más allá del Catatumbo y repercute en el área metropolitana de Bucaramanga, dada la movilidad de desplazados y la inseguridad regional.
Según el reporte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos solo en lo que va del 2025. Además, 223 firmantes se han desplazado y 19 continúan confinados por la violencia persistente.
Las autoridades anuncian planes de seguridad, pero sin resultados contundentes
La Gobernación de Norte de Santander y organismos de seguridad aseguran estar fortaleciendo la vigilancia en la zona; sin embargo, los recientes hechos violentos y la falta de acceso pleno a las comunidades rurales evidencian el fracaso en la implementación de medidas efectivas.
Expertos en derechos humanos y seguridad pública consultados por Voz Oriente critican la ausencia de estrategias claras con participación ciudadana y denuncia la poca coordinación interinstitucional que limita la eficacia operativa.
"Es urgente implementar un modelo integral que incluya veeduría ciudadana, fortalecimiento de instituciones locales y acceso humanitario sin restricciones para proteger a las comunidades.
El confinamiento y desplazamiento masivo solo evidencian la falta de control estatal y políticas públicas adecuadas"
— Dra. Carolina Herrera, investigadora de derechos humanos, UIS
Propuestas desde la academia y sociedad civil para la seguridad y defensa de los derechos humanos
La Universidad Industrial de Santander y organizaciones independientes proponen:
- Modelo de seguridad comunitaria con participación activa de juntas de acción comunal y líderes locales, que aumente la vigilancia y reduzca zonas de control armado.
- Implementación de corredores humanitarios con observación internacional para garantizar acceso pleno a comunidades aisladas.
- Programas de atención psicosocial y reintegración para víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz en el Catatumbo.
Las juntas de acción comunal de los municipios del Catatumbo exigen que estas propuestas sean incluidas en los planes oficiales, no solo como discurso, sino con implementación y cumplimiento verificable.
La comunidad de Bucaramanga y los municipios vecinos deben permanecer alertas y exigir rendición de cuentas y acciones claras para evitar que la violencia y los secuestros sigan aumentando y afectando a toda el área metropolitana.
Contexto adicional: En 2025 se reportaron más de diez desapariciones en Tibú y la ARN confirmó seis asesinatos y seis desapariciones de excombatientes firmantes de paz. La violencia y control armados histórico en Catatumbo representan un reto para la seguridad regional.
Fuentes consultadas: Testimonios de víctimas y líderes comunales, Diócesis de Tibú, Agencia para la Reincorporación y Normalización, expertos en derechos humanos y seguridad, organismos internacionales.
