Catatumbo en alerta por creciente inseguridad: liberan secuestrados pero violencia no cede
Libertad de secuestrados en Catatumbo no detiene ola de violencia y desapariciones
NORTE DE SANTANDER — "Mi hermano estuvo casi once meses en cautiverio y aunque fue liberado, el miedo y la inseguridad siguen gobernando Tibú y El Tarra", dice Ana María, familiar de una de las personas secuestradas por el ELN desde enero. En una región donde grupos armados mantienen control territorial en zonas rurales, la liberación reciente de once personas no aplaca la crisis humanitaria que aumenta con víctimas desaparecidas y asesinatos, afectando a varias comunas del área Metropolitana de Bucaramanga.

Desde inicios de 2025, el ELN mantuvo en cautiverio a nueve hombres y dos mujeres residentes de Tibú y El Tarra. La liberación fue confirmada por monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú, quien aseguró que las víctimas llegaron en buen estado y se reunieron con sus familias. Sin embargo, esta noticia positiva contrasta con un alarmante aumento de secuestros y desapariciones en la zona.
El vocero de las víctimas en Norte de Santander, Olguín Mayorga, denunció que las estructuras armadas ilegales siguen controlando territorios rurales y generando inseguridad ciudadana, especialmente en áreas del Catatumbo cercanas al área metropolitana de Bucaramanga. Según las autoridades locales, solo la última semana se registraron más de diez desapariciones atribuibles al ELN y a disidencias de las FARC.
"Las liberaciones como esta no son suficientes mientras la violencia y la impunidad sigan reinando. ¿Dónde está el Estado para protegernos y garantizar la seguridad?"
— Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó que desde enero, seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis continúan desaparecidos. Además, 223 firmantes se han desplazado de la región y 19 permanecen confinados por la violencia persistente.
Fiscalización de cifras y realidades
Aunque la liberación fue un hecho positivo, expertos en derechos humanos y organizaciones civiles exigen mayor acceso humanitario y la implementación de estrategias de protección comunitaria. Denuncian que la presencia estatal en la zona es insuficiente y que los mecanismos para proteger a las comunidades afectadas son débiles o inexistentes.
Propuestas de soluciones independientes
El Instituto Regional para la Paz y Seguridad, desde Bucaramanga, propone tres líneas de acción para enfrentar la crisis:
- Garantizar acceso pleno y seguro de organismos humanitarios para brindar atención inmediata.
- Implementar sistemas comunitarios de protección y denuncia temprana que involucren a la ciudadanía.
- Fortalecer el diálogo territorial entre actores armados y sociedad civil para disminuir violencia y fomentar la reincorporación segura.
Estos enfoques han mostrado resultados positivos en zonas afectadas por conflictos similares en Antioquia y Cauca, donde el acompañamiento comunitario ha reducido desapariciones y ataques a civiles.
La comunidad exige al Estado una rendición de cuentas clara y un cronograma público con plazos y mecanismos verificables para la recuperación de la seguridad en el Catatumbo.
Contexto adicional: La crisis en el Catatumbo se agrava cada año con el control de grupos armados ilegales que impiden el acceso humanitario y generan desplazamientos. La ARN ha registrado múltiples homicidios y desapariciones de firmantes de paz que permanecen en la región sin protección efectiva.
Fuentes consultadas: Testimonios de familiares afectados, veedurías ciudadanas, reportes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, declaraciones del obispo de Tibú y el vocero de víctimas Olguín Mayorga.