Catatumbo en alerta: familias de Tibú exigen protección tras nuevo pico de secuestros y violencia
Incremento de secuestros y control territorial del ELN evidencian abandono estatal en el Catatumbo
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER — Doña Marta, madre de uno de los once secuestrados liberados recientemente, expresa su cansancio y miedo ante la persistente violencia en su municipio. "Más de diez meses de incertidumbre y dolor, sin que el Estado garantice nuestra seguridad", afirma mientras reclama mecanismos efectivos para proteger a las familias en Tibú y El Tarra.
El pasado mes, una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo recibió a once personas que permanecieron secuestradas desde enero en la zona rural del Catatumbo. Nueve hombres y dos mujeres, residentes en Tibú y El Tarra, sobrevivieron a más de diez meses y medio de cautiverio, tiempo en el que la violencia y el control territorial de grupos ilegales aumentaron de forma alarmante.
La administración local asegura que se están fortaleciendo las acciones de seguridad, pero no ofrece detalles concretos sobre cómo se afronta el control del ELN en las zonas rurales, lo que incrementa la desconfianza entre la población. El obispo monseñor Israel Bravo confirmó que los liberados están en buen estado, pero esta buena noticia no disminuye la inseguridad que sigue afectando a los habitantes del territorio.
Vecinos de Tibú denuncian que la presencia estatal es insuficiente y que el control de facto que ejercen grupos armados ilegales en el Catatumbo mantiene en zozobra constante a las comunidades. Según reportes locales, solo en la última semana se han registrado más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, aumentando el temor y la violencia en la región.
"Los grupos armados siguen dominando nuestros territorios, el Estado no garantiza nuestra seguridad y las desapariciones y asesinatos se multiplican día a día"
— Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander
El concejal de oposición y líderes sociales han cuestionado la baja capacidad del Estado para cumplir con las garantías en la región y han advertido que la falta de una presencia efectiva permite que estas situaciones continúen sin control.
Un análisis de los datos oficiales muestra que, en lo que va del año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha reportado seis asesinatos y seis desapariciones de excombatientes firmantes de paz en Norte de Santander. Además, 223 firmantes se han desplazado y 19 permanecen confinados por la violencia, un índice que muestra la crisis humanitaria en la zona.
Soluciones desde actores independientes y casos exitosos
Expertos en derechos humanos y seguridad de universidades como la UIS proponen el fortalecimiento de la presencia territorial a través de estrategias integrales que incluyan:
- Implementación de corredores humanitarios con supervisión internacional para proteger a las comunidades vulnerables.
- Creación de veedurías ciudadanas con participación activa en el monitoreo de seguridad y la denuncia temprana de hechos violentos.
- Desarrollo de programas de prevención y reconciliación con enfoque diferencial para excombatientes y víctimas, con apoyo técnico de la academia.
Estas propuestas han mostrado resultados positivos en regiones similares del país, como el sur de Bolívar, donde la integración comunitaria y la supervisión civil ayudaron a reducir los índices de violencia y mejoraron la confianza en las instituciones.
La sociedad civil y las organizaciones humanitarias exigen que el Estado colombiano abra un acceso pleno y seguro a la región para garantizar la atención oportuna a las víctimas y poner fin a un ciclo de violencia que ya afecta a miles de personas en el Catatumbo y sus alrededores.
¿Cuándo asumirá el gobierno una verdadera responsabilidad frente a la crisis humanitaria en Norte de Santander y garantizará la seguridad y dignidad de sus habitantes?
Contexto adicional: Aumento sostenido de secuestros, desapariciones y asesinatos en la región del Catatumbo, con un Estado ausente que no logra controlar el avance del ELN y otros grupos ilegales. En 2025, la ARN reportó graves casos en Norte de Santander que afectan también a las familias que migran hacia Bucaramanga y el área metropolitana.
Fuentes consultadas: Familias afectadas, voceros de víctimas, veedurías ciudadanas, expertos independientes en seguridad y derechos humanos, organismos internacionales, gobiernos locales y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
