Catatumbo: ciudadanos afectados denuncian aumento de secuestros pese a liberación y ausencia estatal
En medio de la liberación, la inseguridad y violencia aumentan en Tibú y El Tarra, sin respuestas efectivas
TIBÚ/Y EL TARRA — Ana María, una líder comunal de Tibú, relata con preocupación cómo los secuestros y desapariciones se han vuelto una constante que mantiene en zozobra a la comunidad desde comienzos de 2025. "Liberaron a once personas, pero seguimos viviendo con miedo. El Estado no está presente para protegernos", denuncia desde uno de los barrios más afectados.
El pasado jueves, una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo recibió a once personas liberadas tras estar secuestradas desde enero por el ELN en Catatumbo. Nueve hombres y dos mujeres fueron entregados a la misión, quienes habitan en los municipios de Tibú y El Tarra. Entre los liberados está un firmante del Acuerdo de Paz, un dato que recuerda el difícil contexto de reincorporación que atraviesa la región.
Aunque la liberación es un alivio para las familias, los líderes sociales y víctimas de la zona advierten que los secuestros y desapariciones se han incrementado en las últimas semanas. Según fuentes oficiales, solo en una semana se contabilizaron más de diez casos de desaparición en Tibú atribuidos al ELN y disidencias de las FARC, evidenciando el control persistente de los grupos armados ilegales en el territorio rural de Santander.
"La violencia no cesa, y la presencia del Estado sigue siendo insuficiente. Los firmantes de paz siguen desprotegidos y muchas familias viven desplazadas o en confinamiento"
— Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en Norte de Santander confirmó que seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados durante 2025 y otros seis permanecen desaparecidos. De 223 firmantes que se desplazaron, 19 aún viven confinados debido a las amenazas y la violencia que azota la región, sumando una crisis humanitaria que evidencia la falta de garantías estatales.
La versión oficial, por su parte, se limita a informar sobre la liberación sin detallar medidas para mejorar la seguridad ni acciones concretas para la protección de la comunidad. Esta ausencia abre un espacio para cuestionar la efectividad de la política pública en una zona históricamente afectada por el conflicto armado.
Por su parte, líderes sociales denuncian que la presencia estatal en el Catatumbo es mínima y no ha logrado desmantelar el control territorial del ELN y otros grupos armados ilegales, lo que afecta directamente la seguridad ciudadana y limita el desarrollo local.
Propuestas desde la academia y organizaciones de derechos humanos sugieren implementar un modelo integral de protección comunitaria basado en experiencias exitosas como el programa de fortalecimiento de agencias locales de seguridad en Medellín y la estrategia de diálogo social en el Bajo Cauca Antioqueño.
- Fortalecimiento de estrategias de inteligencia comunitaria con participación activa de líderes sociales y veedurías ciudadanas.
- Creación de zonas de protección especial para firmantes de paz con acceso a servicios básicos y garantías mínimas de seguridad.
- Implementación de mesas de diálogo incluyente entre Estado, comunidades y organizaciones sociales para establecer rutas de paz y protección sostenibles.
Analistas alertan que sin un acceso pleno y libre a la región por parte de organismos humanitarios y sin fortalecer la presencia estatal efectiva, la violencia y la vulneración continuarán incrementándose.
La población de Tibú y El Tarra demanda acciones urgentes y resultados concretos, no solo liberaciones que alivian momentáneamente su angustia. La pregunta inevitable es si las autoridades cumplirán con garantizar la seguridad y la reconstrucción del tejido social en la región.
Contexto adicional: Durante el 2025, la región del Catatumbo ha registrado un repunte de secuestros, desapariciones forzadas y homicidios, especialmente en Tibú y El Tarra. La ARN reporta un escenario crítico para firmantes de paz y comunidades indígenas desplazadas.
Fuentes consultadas: Líderes comunales de Tibú y El Tarra, voceros de víctimas en Norte de Santander, Agencia para la Reincorporación y Normalización, organizaciones humanitarias, analistas independientes.
