Caso Rangel: ¿Lucha contra la corrupción o cacería de brujas con intereses en Vanguardia?

La inminente inspección de la Procuraduría a la Secretaría de Cultura de Santander desata un pulso político y mediático: mientras se investigan presuntos cobros irregulares en la adjudicación de contratos, crecen las sospechas de que detrás de la ofensiva hay intereses vinculados a Vanguardia, donde una de sus directivas es hermana de un contratista de la Gobernación.

En las próximas semanas, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander se convertirá en el epicentro de una inspección de alto perfil. La Procuraduría Regional llegará a sus oficinas para recolectar material probatorio en una investigación contra el secretario Jorge Humberto Rangel Buitrago, señalado de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.

Lo que en el papel es una indagación de los órganos de control, en el terreno político y mediático empieza a tomar el tinte de una posible “cacería de brujas”, con intereses cruzados que van más allá de la transparencia administrativa.

La investigación formal

El despacho de la procuradora regional Magda Buendía abrió la investigación el pasado 4 de agosto, siguiendo denuncias sobre supuestos cobros a contratistas a cambio de adjudicaciones en la Secretaría de Cultura. La orden incluye la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, así como un reporte detallado de todos los contratos firmados desde marzo de 2025, con sus montos y beneficiarios.

Fuentes internas confirmaron que la visita de la Procuraduría se realizará en las próximas dos semanas. En paralelo, la Contraloría de Santander también alista un equipo especial para indagar si hubo daño fiscal en la entidad. El contralor Reynaldo Mateus aseguró que se revisará con lupa el manejo de los recursos y que se desplegará un equipo auditor para determinar si se cumplieron los principios de contratación pública.

Las denuncias

Según testimonios de dos empresarios recogidos por Vanguardia, Rangel habría pedido sumas de dinero para su “jefe” como requisito para acceder a contratos de menor cuantía en la Gobernación. La cifra que se menciona en el entorno político es de $4.400 millones comprometidos en el área de Cultura, Turismo y Patrimonio.

La Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación también abrió proceso formal, bajo la dirección de Daisy Johanna Flórez Simanca, quien calificó el caso como “prioritario” por tratarse de presunta corrupción.

El eco mediático y las suspicacias

La investigación saltó al escenario público gracias a un reportaje de Vanguardia, que sirvió como catalizador para que el gobernador Juvenal Díaz pidiera la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Sin embargo, en círculos políticos de Bucaramanga y en la propia Gobernación, algunos advierten que detrás de la ofensiva mediática podría existir un interés particular:

Fuentes consultadas señalan que Melissa García, directiva de Vanguardia, es hermana del caricaturista Diego García, quien en los últimos años ha recibido contratos en la Gobernación de Santander. Esta relación, sostienen, podría generar un doble juego: mientras se cuestiona a unos funcionarios, se protege o favorece a otros por afinidad o conveniencia política y mediática.

¿Transparencia o ajuste de cuentas?

La pregunta que se hacen varios sectores es si este proceso es una legítima búsqueda de transparencia o si es, en realidad, un movimiento calculado para debilitar a un funcionario que no se alinea con ciertos intereses internos.

Lo cierto es que la inspección avanza y los entes de control tienen ahora la responsabilidad de demostrar, con pruebas claras, si Jorge Humberto Rangel incurrió en faltas disciplinarias o si todo forma parte de un episodio más en la larga historia de pugnas políticas en Santander.