Caos en celdas de Bucaramanga: hacinamiento del 740 % y silencio de la Alcaldía
Bucaramanga no puede seguir normalizando cárceles improvisadas en estaciones de Policía. El hacinamiento del 740 % es la prueba del fracaso institucional y del abandono de la Alcaldía en materia de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo volvió a prender las alarmas sobre el hacinamiento y las precarias condiciones en las celdas de las estaciones de Policía de Bucaramanga. El colapso supera el 740 % y las fallas van desde baterías sanitarias inservibles hasta la vulneración del derecho de los detenidos a comunicarse con sus familias.
El informe revelado por la Defensoría del Pueblo confirma lo que la ciudadanía y las familias de los internos vienen denunciando desde hace meses: las estaciones de Policía en Bucaramanga se convirtieron en cárceles improvisadas que violan de manera sistemática los derechos humanos. En la Estación Norte, por ejemplo, 145 detenidos sobreviven en un espacio diseñado para 15 personas. En la Estación Centro son 110 en un espacio para 15, y en la Estación Sur, 57 recluidos en un área construida para 12. El hacinamiento alcanza un alarmante 740 %.
La situación, que ya había dejado víctimas mortales como un detenido fallecido por tuberculosis a inicios de este año, empeora con la falta de baterías sanitarias, colchonetas, fallas eléctricas y un escenario de insalubridad total. A ello se suma la denuncia de defensores de derechos humanos y familiares de los privados de la libertad, quienes señalan trabas para las visitas, impedimentos para entregar alimentos y útiles de aseo, e incluso restricciones a la comunicación mínima con sus seres queridos. “Desde hace cinco días no sé nada de mi esposo, es algo injusto e inhumano”, relató una madre de familia.
El problema no es nuevo. Desde hace más de dos años, la Corte Constitucional y la misma Defensoría exigen a la Alcaldía de Bucaramanga destinar recursos y acciones inmediatas para atender la crisis. Sin embargo, hasta ahora no existe un plan serio para construir el Centro de Detención Transitoria ordenado por la Sentencia SU-122 de 2022, inversión que requiere cerca de $70.000 millones y de la que ni siquiera se conoce el predio.
Hernando Mantilla, veedor y defensor de derechos carcelarios, advirtió que se está gestando una huelga de hambre en la Estación Norte, pues los detenidos permanecen incomunicados y sometidos a condiciones infrahumanas. “Este es un incumplimiento sistemático que desnuda la negligencia administrativa. El alcalde de Bucaramanga no ha estado a la altura del reto y hoy la ciudad se hunde en una vergonzosa crisis carcelaria”, señaló.
La Defensoría del Pueblo reiteró que continuará en labores de verificación y exigió soluciones de fondo. Mientras tanto, los familiares de los detenidos insisten en que el silencio de la administración municipal es tan grave como el hacinamiento mismo: “No se trata de delincuentes o inocentes, se trata de seres humanos a los que la ley les garantiza derechos mínimos”.
