Campesinos de San Andrés y la CAS abren negociación por el páramo de Almorzadero en medio de tensiones por el EOT

El rechazo campesino a la resolución DGL 978 del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de San Andrés obligó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a sentarse en la mesa. Los habitantes aseguran que nunca fueron escuchados y que las determinantes ambientales impuestas para el páramo de Almorzadero ponen en riesgo su sustento y su permanencia en el territorio.

La disputa por el páramo de Almorzadero llegó hasta las puertas de la CAS, en San Gil, donde decenas de campesinos con pancartas y arengas exigieron ser escuchados. El motivo de su inconformidad: la resolución DGL 978 del 23 de diciembre de 2023, mediante la cual la autoridad ambiental definió el componente ambiental del nuevo EOT de San Andrés sin que —según denuncian— las comunidades fueran convocadas ni tenidas en cuenta en el proceso.

Los productores agropecuarios que habitan en áreas colindantes y dentro del páramo advierten que las restricciones del EOT significan la limitación de actividades productivas básicas y un golpe directo a la economía campesina. “Es muy importante que nos tengan en cuenta en este proceso, porque somos nosotros quienes hemos cuidado y vivido del páramo”, reclamó Carlos Niño, uno de los líderes presentes en la manifestación.

Ante la presión social, la directora de la CAS, Gloria Durán Villar, salió al encuentro de los manifestantes y luego los recibió en la sede de la entidad. Allí se abrió un canal de diálogo que, aunque tenso, dejó el primer acuerdo: el próximo 26 de septiembre se realizará una reunión formal entre representantes de la comunidad campesina, el alcalde ad hoc, el Concejo Municipal, la CAS y otros actores institucionales para revisar el alcance de la resolución.

La funcionaria aseguró que la entidad está dispuesta a buscar salidas que no comprometan ni la protección del páramo ni los derechos de las familias que allí habitan. Incluso propuso elevar al Ministerio de Ambiente y al tribunal competente una solicitud de suspensión temporal de las determinantes ambientales, con el fin de abrir un espacio de concertación que permita una revisión técnica y participativa.

La tensión radica en que el páramo de Almorzadero es considerado estratégico para la provisión de agua y la regulación climática, pero al mismo tiempo es el hogar de comunidades campesinas que dependen de la ganadería de altura y de cultivos tradicionales. El dilema entre conservación y permanencia campesina se repite como en otros páramos del país, donde las determinantes ambientales suelen chocar con la realidad socioeconómica de las regiones.

Desde la CAS recordaron que, según la Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales deben articularse con los entes territoriales en los procesos de planificación, garantizando que los componentes ambientales se integren de manera efectiva al ordenamiento territorial. No obstante, los campesinos sostienen que el espíritu de la norma fue ignorado en San Andrés, pues el diálogo previo nunca existió.

El pulso apenas comienza. La reunión de septiembre será determinante para definir si el camino será la concertación real o la profundización de un conflicto que, como ocurre en muchos páramos del país, enfrenta la defensa del medio ambiente con el derecho histórico de las comunidades a vivir y trabajar en el territorio.