Burlas a la justicia: Consejo de Estado rechaza otro intento de sabotaje del alcalde Beltrán
El Consejo de Estado rechazó otro intento de dilatar el proceso contra Jaime Beltrán y abrió un incidente sancionatorio por maniobras que calificó de improcedentes, extemporáneas y temerarias.
Mientras Bucaramanga espera respuestas claras, la defensa del alcalde Jaime Andrés Beltrán insiste en interponer recursos sin fundamento jurídico para dilatar un proceso judicial que ya fue resuelto en primera instancia con una contundente nulidad de su elección. El Consejo de Estado, por segunda vez, ha desechado estas maniobras que, más que estrategias legales, parecen actos de burla hacia la justicia y la ciudadanía.
Una defensa que estira el tiempo y agota la paciencia
En una nueva jugada que evidencia más interés por prolongar lo inevitable que por buscar justicia, el abogado José Augusto Tamara Garrido —coadyuvante del alcalde Jaime Beltrán— volvió a intentar frenar el proceso de nulidad electoral en su contra, con un recurso procesal que fue desestimado por improcedente, sin sustento jurídico y presentado fuera de tiempo.
Según su argumento, el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, emitido por la magistrada Luisa Fernanda Flórez, no se habría realizado de forma colegiada, sino en sala unitaria, lo cual —según Tamara Garrido— viciaría el proceso. Pero el Consejo de Estado fue tajante: la solicitud no solo carecía de fundamento legal, sino que también fue presentada extemporáneamente y por alguien que no tenía legitimidad para hacerlo de forma autónoma.
Estas acciones, lejos de fortalecer la defensa del alcalde, dejan entrever una estrategia desesperada de entorpecimiento. Lo que debería ser un proceso jurídico transparente y expedito, se ha convertido en una carrera de obstáculos sembrados por quienes temen el desenlace de la justicia.
El Consejo de Estado: sin espacio para más dilaciones
El magistrado ponente del caso, Luis Alberto Álvarez Parra, fue contundente al rechazar el pedido de nulidad procesal. En un auto de siete páginas, no solo desestimó el recurso, sino que advirtió que este tipo de solicitudes son improcedentes y dilatorias.
“Evidentemente se trata de una petición impertinente e improcedente. Habrá de ser rechazada por dicha causa”, señala el documento, que también ordena abrir un incidente sancionatorio contra Tamara Garrido. La sanción, que podría incluir una multa de hasta 10 salarios mínimos, busca poner un freno a las maniobras jurídicas que intentan entrampar la decisión de fondo.
Y es que el papel del coadyuvante, recordó el magistrado, no es actuar de manera independiente sino respaldar a una de las partes. Por tanto, carece de facultad para formular solicitudes autónomas como la nulidad procesal, lo que hace aún más evidente el intento de dilatar por dilatar.
Una demanda que avanza a pesar del ruido
El demandante principal, Juan Nicolás Gómez, también alzó la voz: “Este recurso fue rechazado porque no tenía sustento de fondo, además de ser dilatorio y hasta temerario”. Y es que a medida que se agotan los recursos infundados, se acerca el momento decisivo: el fallo de segunda instancia.
Ahora, el Consejo de Estado deberá definir si ratifica la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán por incurrir en doble militancia durante la campaña de 2023, cuando habría apoyado candidatos al Concejo de distintos partidos.
La fecha clave: 14 de agosto
Tras rechazar los intentos de sabotaje jurídico, el Consejo de Estado ordenó llevar el caso a trámite para la decisión final. Dado que la Sala de lo Contencioso sesiona los jueves y el próximo 7 de agosto es festivo, se espera que la sesión definitiva se celebre el 14 de agosto.
Ese día, la Sección Quinta decidirá si Beltrán debe dejar el cargo y convocarse elecciones atípicas, o si permanece hasta 2027. Una decisión que marcará el rumbo institucional de Bucaramanga y pondrá a prueba el verdadero compromiso de la justicia con los principios democráticos.
Una burla sostenida al Estado de derecho
Lo que está en juego no es solo el futuro político de un alcalde, sino la credibilidad de las instituciones. Cada intento de dilatar este proceso sin base legal es un desprecio a la justicia y una burla para la ciudadanía que exige transparencia, legalidad y respeto por las reglas del juego democrático.
Bucaramanga merece respuestas de fondo, no fuegos artificiales jurídicos. Y cada día que pasa sin que se resuelva el caso, se convierte en un nuevo agravio contra quienes aún creen que la ley debe estar por encima de los intereses personales.
