Bucaramanga: primer menor quemado por pólvora en diciembre revela falla en prevención y control

Menor de 16 años quemado en el norte evidencia graves falencias en control de pólvora en Bucaramanga

BUCARAMANGA — Ana María*, madre de un adolescente quemado por pólvora en el barrio Bosques de Márquez, denuncia que pese a los llamados de alerta cada diciembre, la presencia y venta ilegal de estos peligrosos artefactos siguen sin freno. Su hijo de 16 años resultó con quemaduras en los dedos tras manipular unas totes en una esquina de la comuna 12. "No es el primer niño que se quema, pero nadie controla ni sanciona a los vendedores clandestinos", reclama.

El caso, ocurrido en el norte de la ciudad, reabre la discusión sobre la persistente circulación de pólvora ilegal y la falta de estrategias efectivas para proteger a los niños y adolescentes. Según datos locales recopilados por la veeduría ciudadana Vida Bucaramanga, en los últimos cinco años se han registrado más de 60 quemados por pólvora en el área metropolitana, con un 70% menores de 18 años.

Las autoridades de salud aseguran que el menor fue atendido oportunamente en el Hospital Local del Norte y que, tras estabilizarlo, recibió el alta médica. El secretario de Salud de Santander afirmó que pese a este primer caso, insiste en que la manipulación de pólvora debe evitarse, especialmente por menores, y reiteró las sanciones que van desde multas millonarias hasta denuncias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sin embargo, vecinos y líderes comunales denuncian que estas medidas son solo anuncios que se repiten cada año sin resultados concretos, mientras la venta ilegal continúa al alcance de los niños en barrios populares como Bosques de Márquez y La Pradera.

"Los controles no existen en realidad. Un menor puede conseguir pólvora en cualquier esquina y nadie hace seguimiento a las denuncias"

— Carlos Vásquez, líder comunitario barrio Bosques de Márquez

La veeduría Vida Bucaramanga cuestiona la lentitud y falta de coordinación entre las autoridades municipales, departamentales y la Policía para desarticular las redes ilegales de distribución de pólvora. Además, señala que las campañas preventivas no tienen impacto real porque carecen de seguimiento y una pedagogía adecuada dirigida a las familias.

Fiscalización de datos y contexto histórico

Según reportes oficiales, en los últimos cinco años Bucaramanga ha invertido aproximadamente $150 millones en campañas preventivas sobre pólvora, con baja visibilidad y escasa ejecución de operativos durante la temporada decembrina. En 2023, las sanciones impuestas por venta ilegal fueron menos de 10, ninguna con reportes al ICBF, lo que evidencia la ineficacia de la gestión.

Propuestas desde expertos y la experiencia de otras ciudades

Para enfrentar esta problemática, expertos en prevención de riesgos de la Universidad Industrial de Santander proponen las siguientes medidas inmediatas y comunitarias:

• Implementar brigadas comunitarias con participación de líderes y colegios para vigilancia activa y denuncias efectivas.
• Diseñar campañas de prevención con enfoque familiar y pedagógico desde octubre, con refuerzos en redes sociales y radios comunitarias.
• Adoptar un modelo de control aplicado en Medellín que combina operativos sorpresa, uso de tecnología para detección y sanciones ejemplares rápidas.

La veeduría Vida Bucaramanga exige que la Alcaldía y la Gobernación de Santander establezcan un plan de prevención con cronogramas públicos, mecanismos de control ciudadano y coordinación interinstitucional real que evite que más niños terminen heridos.

¿Seguirán las autoridades permitiendo que la temporada decembrina se convierta en un riesgo para la infancia bumanguesa sin acciones contundentes y verificables? La comunidad ya reclama respuestas y hechos, no más mensajes alarmistas.

Contexto adicional: La manipulación de pólvora sigue siendo la principal causa de lesiones en menores durante diciembre en Bucaramanga y sus municipios vecinos, con una preocupante repetición anual de casos que evidencian la falta de políticas públicas efectivas.

Fuentes consultadas: Familiares de afectados, veeduría Vida Bucaramanga, líderes comunales, expertos de la UIS, informes oficiales de Secretaría de Salud y Hospital Local del Norte.