Bucaramanga: mil familias siguen dependiendo de tutelas para acceder al agua mientras el alcalde Beltrán prioriza intereses políticos en el Acueducto
Mientras el gobierno de Bucaramanga centra su atención en el control político del Acueducto, más de mil familias siguen luchando en los estrados judiciales por un derecho básico: agua potable en sus casas.
En Bucaramanga, más de mil familias siguen dependiendo de tutelas para acceder al agua potable, mientras la administración de Jaime Andrés Beltrán enfrenta cuestionamientos por priorizar disputas políticas en el Acueducto sobre las necesidades reales de la población.
La imagen de una ciudad modelo se desmorona cuando se mira hacia las laderas y asentamientos informales de Bucaramanga. Allí, más de mil familias aún viven con sed, obligadas a acudir a tutelas para garantizar el mínimo vital de agua potable. Mientras tanto, el gobierno del alcalde Jaime Andrés Beltrán mantiene un manejo político del Acueducto Metropolitano que, para líderes comunitarios y analistas, está lejos de responder a las verdaderas urgencias de la población.
En sectores como La Malaña, el acceso al agua fue posible únicamente por orden judicial. El líder cívico Dulfo Rojas Delgado, tras una batalla legal, consiguió que 90 familias se conectaran a un acueducto veredal. El fallo, además, obligó al municipio a diseñar en un año un plan definitivo para garantizar el suministro, pero esa promesa avanza lentamente.
El contraste es evidente: mientras comunidades enteras dependen de pilas comunitarias y tanques que solo funcionan en horarios limitados, la administración municipal concentra sus esfuerzos en decisiones estratégicas sobre la estructura y control del Acueducto, con discusiones que han tenido más tinte político que enfoque social.
El barrio 12 de Octubre, en la Comuna Occidente, vive una situación similar: 89 familias esperan conexión a la red. “Aquí hay personas de carne y hueso que necesitamos agua pura”, reclama Jerónimo Ferreira, uno de sus habitantes. La lista de barrios con la misma problemática —El Rosal, Milagro de Dios, Villa Mercedes, Pantano II, La Hoyada, Los Colorados, Puerto Rico, Granjas de Provenza, Zarabanda— es larga y conocida por la Alcaldía.
Pese a que el agua es un derecho fundamental, la respuesta estatal ha sido fragmentada y reactiva. Cerca del 5 % de las tutelas interpuestas este año en Bucaramanga están relacionadas con este derecho, evidenciando que la vía judicial se ha convertido en la única forma de hacer efectivo lo que debería garantizarse por política pública.
En este contexto, persisten las críticas hacia la administración Beltrán, acusada de mirar el Acueducto más como un espacio de influencia institucional que como una herramienta para resolver las carencias de las comunidades vulnerables. Para muchos líderes sociales, la prioridad no debería estar en el ajedrez político del manejo empresarial, sino en abrir la llave del agua en cada hogar que aún vive con la sed como rutina diaria.
