¡Basta de caos! Tribunal obliga a alcaldes del área metropolitana a acabar con los ‘terminalitos’ ilegales del mototaxismo
El Tribunal fue tajante: o los alcaldes acaban con los ‘terminalitos’ ilegales y salvan al transporte público, o el caos seguirá devorando a Bucaramanga y su área metropolitana.
La justicia les dio un ultimátum a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta: desmontar de una vez por todas los ‘terminalitos’ del transporte pirata y presentar un plan integral para frenar la anarquía del mototaxismo que tiene colapsada la movilidad en el área metropolitana.
El Tribunal Administrativo de Santander encendió las alarmas con un fallo que no deja espacio para excusas. El transporte informal, especialmente el mototaxismo, ha convertido las calles en un desorden total y los mandatarios locales deberán actuar sin dilaciones. Según la sentencia, en los cuatro municipios del área metropolitana se han identificado al menos 96 estaciones ilegales de transporte que funcionan a plena luz del día, sin control efectivo.
La orden judicial es categórica: no bastan los operativos aislados ni los discursos de coyuntura. Los alcaldes están obligados a implementar medidas estructurales que combinen dos frentes: acabar con los puntos ilegales de operación y garantizar que el transporte público formal sea competitivo, digno y seguro. “Ya no caben paños de agua tibia; el transporte ilegal no puede seguir normalizándose como si fuera una opción válida”, advierte el fallo.
La ciudadanía, por su parte, vive atrapada entre la informalidad y la ineficiencia del sistema legal. Algunos usuarios reconocen que acuden al mototaxismo porque “Metrolínea está muerto”, mientras que otros denuncian que las motos invaden vías, se atraviesan imprudentemente y ponen en riesgo a todos los actores viales.
Expertos en movilidad insisten en que la raíz del problema es la precariedad del transporte público formal. Si no se amplían las rutas, si no se mejora la frecuencia y si no se dignifica el servicio, el mototaxismo seguirá siendo una salida desesperada para miles de ciudadanos. Pero esta vez la advertencia es clara: los alcaldes deberán demostrar liderazgo o enfrentar consecuencias legales y políticas.
