Barrancabermeja va por su propia autoridad ambiental y desata un pulso político que sacude a la CAS

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, avanza en su plan para crear una autoridad ambiental propia y romper con la CAS, desatando un pulso político y financiero de alto calibre en Santander.

La puja por el control ambiental en Santander acaba de entrar en una nueva fase. Sin mayor alarde público, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, puso en marcha un plan que podría redefinir el mapa de poder ambiental del departamento: crear su propia autoridad ambiental local y marginar a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) de una de sus principales jurisdicciones.

El movimiento, que ha pasado hasta ahora por debajo del radar, implica no solo una reconfiguración institucional de fondo, sino una disputa directa por el manejo de licencias, sanciones, presupuestos millonarios y, por supuesto, cuotas de poder. En juego están cerca de 15 mil millones de pesos que hoy recauda la CAS gracias a la operación del distrito especial.

Un proyecto en silencio, pero en marcha

Desde que Barrancabermeja fue elevada a la categoría de Distrito Especial en 2019, quedó abierta la puerta para que el puerto petrolero avanzara hacia una autonomía ambiental similar a la de ciudades como Bogotá o Barranquilla. Sin embargo, no fue sino hasta inicios de 2025 que la administración Vásquez comenzó a mover sus fichas con determinación.

Consultas legales, oficios al Ministerio de Ambiente, peticiones de acompañamiento técnico, diagnósticos en curso y una propuesta en construcción: todo indica que el mandatario busca crear un Establecimiento Público Ambiental (EPA) que asuma el rol de autoridad en el distrito.

La iniciativa se ampara en la Ley 1617 de 2013, que permite a los distritos crear este tipo de entidades descentralizadas con autonomía financiera y administrativa, algo que ya han hecho otros territorios especiales del país.

La primera luz verde llegó desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, que si bien aclaró que su concepto no es vinculante, admitió que el Distrito tiene la competencia legal para crear el EPA, siempre y cuando garantice su sostenibilidad y cumpla con los requisitos legales.

El epicentro de la batalla: la CAS

La creación del EPA golpearía directamente a la CAS, que no solo perdería la competencia ambiental sobre la zona urbana y suburbana de Barrancabermeja, sino que también vería un duro revés en sus finanzas. Según exdirectores de la entidad, el distrito aporta cerca del 30 % del presupuesto anual de la corporación, incluyendo el 9,5 % proveniente únicamente de la sobretasa ambiental.

La pérdida de ese recaudo —junto a las transferencias del sector eléctrico que también podrían redirigirse hacia el nuevo EPA— representaría un agujero fiscal importante para la autoridad ambiental regional.

Pero más allá del dinero, el golpe es político. Las corporaciones autónomas regionales, como bien lo saben los clanes locales, son botines estratégicos donde se disputan cuotas de poder, contratos, licencias y decisiones que afectan directamente a grandes intereses económicos.

La tormenta interna en la CAS

La jugada de Barrancabermeja llega en el peor momento para la CAS. Desde 2023, la entidad se encuentra atrapada en una espiral de inestabilidad institucional: renuncias, nulidades, interinidades, tutelas y una guerra sin cuartel entre el gobierno nacional y el departamental.

El exdirector Raúl Durán fue separado de su cargo dos veces por decisiones del Consejo de Estado. Su salida dejó a la entidad acéfala y abrió paso a una nueva pelea por la silla directiva. El gobernador Juvenal Díaz, aliado de sectores políticos tradicionales, intentó imponer un reemplazo de su línea, pero el Ministerio de Ambiente intervino jurídicamente y frenó el proceso.

Ahora, en plena crisis, el alcalde Vásquez ve una oportunidad de oro para avanzar en su propuesta: si la CAS no puede ni siquiera garantizar gobernabilidad interna, ¿cómo va a garantizar una gestión ambiental eficaz en su distrito?

¿Una salida técnica o una jugada de poder?

Aunque desde la Alcaldía se insiste en que el proyecto de crear el EPA es una apuesta por una gestión más cercana, eficaz y con mayor control local, sectores críticos advierten que también se trata de una jugada para concentrar poder.

“Los distritos están habilitados para crear un EPA, pero eso no implica que deban hacerlo. Hay que preguntarse si lo que se busca es fortalecer la gestión ambiental o simplemente reemplazar una burocracia por otra”, cuestiona un exfuncionario de la CAS que pidió reserva de su nombre.

Y añade: “Además, el alcalde Vásquez no tiene autoridad moral para hablar de votos ni de legitimidad institucional cuando ha sido denunciado por prácticas clientelistas”.

El paso a paso del nuevo EPA

Para que el proyecto se materialice, el Concejo Distrital deberá aprobar la creación del nuevo EPA mediante un Acuerdo, sustentado en un estudio técnico, financiero y jurídico. La Alcaldía ya solicitó al Ministerio de Ambiente acompañamiento para estructurar la iniciativa, y este, a su vez, pidió a la CAS un balance detallado de sus operaciones en Barrancabermeja, lo que ha sido interpretado como un primer paso hacia el traspaso de funciones.

Se prevé que el EPA asuma funciones de permisos, licencias, sanciones, monitoreo y seguimiento ambiental en el área urbana y suburbana del distrito, dejando a la CAS únicamente la jurisdicción sobre las zonas rurales.

Un modelo con antecedentes

La idea no es inédita. Ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Buenaventura ya tienen sus propios EPA, amparados en sus condiciones de distrito especial. En algunos casos, han logrado mayor eficiencia y autonomía. En otros, simplemente reemplazaron viejos vicios con nuevos.

Lo que está por verse es si Barrancabermeja logrará construir una autoridad técnica, solvente, transparente y libre de los tentáculos políticos que hoy tienen colapsada a la CAS, o si simplemente trasladará el caos a una nueva oficina con distinto nombre.

Por ahora, el pulso apenas comienza. Y las próximas semanas serán definitivas: o la región logra redefinir su política ambiental, o será testigo de otro capítulo más en la larga historia de disputas burocráticas que han dejado al medio ambiente como el gran perdedor.