Bajos resultados y alarmas en municipios PDET de Santander: prórroga nacional genera dudas locales
Prórroga hasta 2037 de PDET anuncia avances, pero en Santander persisten dudas y retos estructurales
SANTANDER — En municipios rurales de Santander incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), habitantes expresan preocupación y escepticismo frente a la reciente prórroga aprobada en el Senado que extiende estos programas hasta 2037. Según líderes locales, la ampliación no garantiza que los 6,6 millones de colombianos beneficiados, especialmente en zonas afectadas por pobreza y violencia estructural, reciban una respuesta efectiva y resultados concretos.
Desde su inicio en 2017, los PDET han buscado incluir más de 170 municipios con altos índices de pobreza, cultivos ilícitos y violencia, representando aproximadamente 6,6 millones de colombianos. Sin embargo, en Santander municipios clave aún reflejan avances limitados, con retos evidentes en gestión, control de economías ilegales y respuesta a las necesidades inmediatas de sus poblaciones.
El Senado aprobó esta semana una prórroga del programa hasta 2037, asegurando la continuidad administrativa y presupuestal de los proyectos. Sin embargo, la iniciativa no aclara cómo se atenderán los municipios excluidos inicialmente ni cómo se mejorará la transparencia en la ejecución, aspectos que generan preocupación entre los habitantes y organizaciones locales.
Habitantes de la vereda La Fortuna, en jurisdicción de Málaga, municipio PDET de Santander, denunciaron que, pese a los anuncios de inversión, en la práctica no se ven mejoras en sus condiciones de vida ni control efectivo de bandas al margen de la ley. "Nos prometen proyectos desde hace años, pero seguimos sin acceso a servicios básicos y la violencia no cesa", señaló una lideresa comunal que prefirió reserva de su nombre por seguridad.
"La prórroga nos tiene más esperanzados en palabras que en hechos. La seguridad y el desarrollo deben ir juntos, pero aquí seguimos con miedo y sin obra real"
— Líder comunitaria, vereda La Fortuna, Málaga
Concejales de la región y veedurías ciudadanas han cuestionado la baja ejecución presupuestal y falta de rendición de cuentas en estos municipios. "No basta con prorrogar si no se garantiza que los recursos lleguen y se administren con transparencia", afirmó una veedora local.
De acuerdo con cifras oficiales, a nivel nacional se han ejecutado más de 2.000 proyectos que, en algunos casos, no impactan directamente las zonas más críticas de Santander. Además, el crecimiento de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC y el ELN sigue siendo un factor que limita el desarrollo.
Soluciones desde expertos y otras regiones
Especialistas en desarrollo rural de la Universidad Industrial de Santander (UIS) proponen fortalecer la vigilancia comunitaria y la interlocución directa entre campesinos, autoridades y organizaciones civiles, basándose en modelos exitosos de veedurías ciudadanas en municipios de Antioquia que permitieron mayor control social y reducción en la corrupción.
- Implementación de veedurías ciudadanas permanentes con autonomía para fiscalizar obras y recursos.
- Articulación con academia para capacitaciones técnicas y fortalecimiento organizacional rural.
- Creación de espacios locales de diálogo y seguimiento ciudadano que permitan evaluar periódicamente avances y dificultades.
La comunidad de los municipios PDET en Santander reclama que esta prórroga no sea un simple anuncio más, sino que se acompañe de planes detallados, cronogramas públicos y mecanismos efectivos que brinden garantías reales para quienes históricamente han estado en el abandono.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET enfrentan críticas por incumplimientos, baja ejecución presupuestal y escasa supervisión en Santander y otras regiones. La Fundación Ideas para la Paz reporta aumento en la presencia de disidencias y grupos armados ilegales que complican la implementación de proyectos de desarrollo.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de municipios rurales de Santander, veedurías ciudadanas locales, expertos de la UIS, concejales regionales, Fundación Ideas para la Paz, y documentos oficiales del Senado de la República.
