Aumento de secuestros en Catatumbo preocupa a vecinos de área metropolitana de Bucaramanga
Incremento de secuestros y control armado en Catatumbo afecta la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga
TIBÚ/FLORIDABLANCA — "Cada día que pasa sentimos que la violencia invade también nuestro espacio. Mi hermano fue una de las once personas liberadas luego de diez meses secuestrado, pero otros siguen desaparecidos", relata angustiada una mujer de Floridablanca con familiares en Tibú. La liberación de once personas el ELN mantenía cautivas desde enero en Catatumbo destapó nuevamente la crisis de seguridad que afecta a municipios como Tibú y El Tarra, y que impacta la vida de familias en el área metropolitana de Bucaramanga.
Desde principios de 2025, las zonas rurales del Catatumbo sufren un aumento preocupante en secuestros y desapariciones forzadas, según denuncian organizaciones humanitarias y víctimas. Solo en la última semana, las autoridades reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, recrudeciendo la crisis que también genera desplazamientos hacia municipios cercanos del área metropolitana.
El obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó la entrega de las víctimas en buen estado y resaltó que entre los liberados se encuentra un firmante del Acuerdo de Paz. Sin embargo, no se profundiza en las causas que permiten a grupos armados mantener el control territorial ni en las fallas de las autoridades para garantizar la seguridad en la región.
"Nos sentimos abandonados por las autoridades"
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, denuncia que el control ilegal de grupos armados sigue intacto en varios sectores rurales, afectando gravemente la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias. "A pesar de las denuncias y los anuncios, las comunidades siguen siendo víctimas constantes y no ven respuestas efectivas", afirma.
"Mi mamá vive en Tibú y lleva semanas sin poder salir a la tienda por miedo a ser secuestrada. Reclamo que el Estado garantice nuestra protección, no solo con palabras",
— Carlos Gómez, familiar de secuestrado en Tibú
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que en 2025 seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos, mientras 223 han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados por la violencia. Estas cifras evidencian que la implementación de los acuerdos sigue siendo insuficiente para brindar seguridad real.
Datos oficiales con poca transparencia
Las organizaciones humanitarias exigen acceso pleno a la región para atender a las comunidades afectadas, ya que la presencia estatal sigue siendo limitada en zonas rurales del Catatumbo, dificultando la verificación y atención oportuna. Mientras tanto, las autoridades locales apenas reportan incidentes sin ofrecer un plan contundente de protección.
Propuestas desde academia y sociedad civil
Especialistas en seguridad del área metropolitana y Norte de Santander proponen:
- Fortalecimiento de presencia policial con formación en derechos humanos y enfoque diferencial para los municipios afectados.
- Implementación de mecanismos de vigilancia comunitaria con participación activa de líderes locales.
- Programas integrales de atención a víctimas y excombatientes con seguimiento judicial transparente.
Organizaciones de la sociedad civil del área metropolitana llaman a establecer rutas claras de coordinación interinstitucional entre Bucaramanga, Floridablanca, Tibú y municipios cercanos, para enfrentar conjuntamente la violencia y garantizar la protección de los ciudadanos.
La persistencia de la violencia en Catatumbo plantea una pregunta pendiente: ¿qué hará el Estado para asegurar que la libre movilidad y seguridad de las familias del área metropolitana no sigan comprometidas por el abandono y la impunidad?
Contexto adicional: El Catatumbo se mantiene como un foco de violencia sin soluciones claras. La ARN reporta desplazamientos, asesinatos y confinamientos de firmantes de paz, mientras los secuestros y desapariciones continúan aumentando.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, voceros de organizaciones regionales, veedurías ciudadanas, expertos en seguridad independientes, y fuentes oficiales con escepticismo crítico.
